La difusión de una grabación atribuida a facciones del Cártel de Sinaloa ha puesto en jaque al gobierno del gobernador David Monreal en Zacatecas, tras la ejecución de diez hombres y las acusaciones de supuestos acuerdos incumplidos con autoridades estatales.
Detalles de la masacre y el narcomensaje
Entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio de 2026, fueron hallados diez cuerpos en tres municipios de Zacatecas. Cinco de ellos colgaban de un puente en la carretera federal 54, en Pánuco; cuatro yacían cerca de una clínica del IMSS en Morelos, y el restante fue localizado en la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de Sain Alto. Las víctimas, que habían sido privadas de la libertad días antes, murieron por asfixia (ocho) y disparos (dos).
Entre los fallecidos se encuentran Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, funcionario de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante de Protección Civil; el dirigente ganadero José Ángel Valdez Rivera, empresarios y un exregidor de Durango.
El video que agrava la crisis
El 20 de julio se difundió un video donde aproximadamente veinte hombres encapuchados y armados, identificándose como “Los Mayos” y “Los Cabrera” —brazos del Cártel de Sinaloa—, se atribuyen la masacre. Afirman que los homicidios fueron “por encargo” y exigen al gobernador Monreal respetar supuestos pactos con ellos y con corporaciones de seguridad. Aunque el video no ha sido autenticado oficialmente, su contenido ha generado una crisis política que trasciende los despliegues policiacos.
“Los señalamientos obligan a investigar posibles vínculos, omisiones o protección institucional”, señala el reportaje de Raúl Flores para Noticias México 24.
Reacción gubernamental y cifras de homicidios
Tras los asesinatos, unos 400 elementos federales y estatales fueron desplegados. Sin embargo, la respuesta llegó cuando las víctimas ya habían sido ejecutadas y el grupo criminal se presentaba como interlocutor del poder público. Monreal ha sostenido que Zacatecas registra una reducción histórica de homicidios, pero la masacre evidencia que los grupos criminales aún pueden secuestrar, ejecutar y difundir propaganda armada sin ser detectados.
Investigación en curso
La Fiscalía estatal investiga posibles extorsiones, movimientos financieros y la eventual participación de servidores públicos, aunque hasta ahora no hay imputaciones contra funcionarios. El desafío para Monreal no es solo detener a los autores materiales, sino explicar quién ordenó los homicidios, por qué fueron elegidas las víctimas y si alguna autoridad facilitó información o impunidad.
Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, la narrativa de pacificación choca con los cuerpos colgados y las acusaciones de un grupo armado que señala al gobernador de incumplir acuerdos.
