Evacúan a presidenta de Costa Rica tras explosión en gira por zona minera ilegal
Presidenta de Costa Rica evacuada por explosión en Crucitas

Evacúan a presidenta de Costa Rica tras escucharse detonaciones en gira de trabajo

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada este viernes por su equipo de seguridad luego de que un fuerte estruendo interrumpiera la gira oficial que realizaba en Crucitas de Cutris, en San Carlos, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en el norte del país.

El incidente ocurrió mientras la mandataria recorría el sector conocido como La Laguna, un área que ha sufrido graves daños ambientales por la extracción ilegal de oro durante más de una década. El sonido de la explosión obligó a los cuerpos de seguridad a activar protocolos de protección.

Tras la explosión, los agentes escoltaron a la presidenta fuera del área como medida preventiva, mientras las autoridades verificaban el origen del estruendo y evaluaban posibles riesgos. La rápida reacción de los equipos de seguridad evitó mayores incidentes, aunque el hecho puso en evidencia la vulnerabilidad de las giras oficiales en zonas conflictivas.

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La mandataria estaba acompañada por un amplio grupo de ministros, funcionarios y diputados de distintas fracciones legislativas. Entre ellos figuraban cinco legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), encabezados por Álvaro Ramos; dos diputados del Frente Amplio; y 23 congresistas del Partido Pueblo Soberano, quienes atendieron la invitación del Ejecutivo para conocer de primera mano la situación en Crucitas.

Crucitas: epicentro del debate sobre minería ilegal

La visita presidencial se desarrolló en medio de un intenso debate político sobre el futuro de la actividad minera en Crucitas. La zona ha sido escenario de conflictos sociales y ambientales debido a la presencia de coligalleros que, durante más de diez años, han explotado ilegalmente los recursos naturales.

Actualmente, la Asamblea Legislativa analiza diversas propuestas relacionadas con Crucitas. Entre ellas, un proyecto impulsado por el Gobierno que busca permitir la explotación minera regulada, así como iniciativas alternativas promovidas por sectores de oposición que rechazan la legalización de la actividad.

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