La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este martes la existencia de una red dedicada al despojo de bienes inmuebles, conocida públicamente como el “Cártel Inmobiliario”, en la que estarían involucrados abogados litigantes, notarios públicos, jueces, funcionarios judiciales, y personal del Registro Público de la Propiedad y de Catastro. Como parte de las primeras acciones, se logró la detención y vinculación a proceso del abogado Salvador Matías “N”, señalado por fraude procesal y despojo de una vivienda en Xalapa.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que las denuncias por estos hechos están abiertas en diversas áreas de la institución, debido al perfil de las personas señaladas. Las carpetas de investigación se distribuyen entre la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y la Fiscalía Regional, donde se atienden casos vinculados a abogados litigantes.
Advertencia contra la impunidad
“Aquí no va a haber impunidad, sea quien sea y se encuentre en la dependencia que sea”, advirtió la fiscal Jiménez Aguirre, en un mensaje dirigido a todos los involucrados en esta red de despojo. La funcionaria subrayó que las investigaciones avanzan de manera prioritaria y que no se detendrán ante la posible participación de servidores públicos de alto nivel.
El caso de Salvador Matías “N” es uno de los primeros judicializados. La fiscal detalló que el abogado es señalado como probable responsable del delito de fraude procesal en agravio de dos víctimas, relacionado con el despojo de una vivienda en la capital veracruzana. “Son de los primeros que estamos teniendo ya judicializados. Tenemos varias carpetas integradas y varias audiencias iniciales ya solicitadas”, señaló.
Estrategia de restitución de bienes
Jiménez Aguirre explicó que este expediente forma parte de una estrategia más amplia para avanzar en la restitución de bienes y el combate a redes de fraude patrimonial. La fiscal indicó que, por tratarse de delitos patrimoniales como el fraude procesal, la Fiscalía suele solicitar la imputación en libertad, citando a las personas investigadas. Sin embargo, advirtió que quienes no acudan a las citaciones podrían enfrentar órdenes de aprehensión, al considerarse que se resisten a comparecer ante la autoridad.
“Si la persona citada no viene, eso nos da pie a que, una vez agotadas las medidas, se genere una orden de aprehensión. Es un medio de conducción ante el juez de control”, explicó la fiscal. Aunque no proporcionó una cifra exacta, señaló que las carpetas de investigación están distribuidas en distintas fiscalías y que todas se encuentran en integración prioritaria.
Casos más allá de Xalapa
La fiscal recordó que las denuncias no se limitan a Xalapa. En la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales existen expedientes de otros municipios, donde se han judicializado casos contra notarios públicos, incluido uno de la región Orizaba-Córdoba, donde recientemente se ejecutó una orden de aprehensión. Esto evidencia que la red tiene alcance estatal y que las autoridades están actuando en varios frentes.
La FGE ha solicitado a las víctimas de despojo que denuncien formalmente, pues muchas de estas redes operan aprovechando el desconocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos patrimoniales. La fiscal instó a la población a verificar la legalidad de cualquier trámite inmobiliario y a denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.
Un problema sistemático
El “Cártel Inmobiliario” ha operado durante años en Veracruz, según denuncias previas de colectivos de afectados. La participación de notarios y jueces facilitaría la legalización de despojos mediante juicios simulados o escrituras falsas. La FGE reconoció que el perfil de los implicados ha complicado las investigaciones, pero aseguró que ya se han logrado avances significativos con la detención de Salvador Matías “N”.
La vinculación a proceso de este abogado representa un precedente importante en la lucha contra este tipo de delitos. La fiscal Jiménez Aguirre afirmó que se continuará trabajando de manera coordinada con las distintas fiscalías para desarticular por completo la red y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
