El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares, tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de caminos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.
Acuerdo fallido y persistencia de bloqueos
El dirigente centroderechista había alcanzado un acuerdo el viernes con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país. Sin embargo, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Obreros, campesinos e indígenas iniciaron a principios de mayo una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno una solución a la crisis económica, la más severa en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de baja calidad que generó un malestar generalizado.
Ante la falta de acuerdos, estos sectores sumaron a sus demandas la renuncia presidencial, y la interrupción de caminos se extendió a todo el país. Durante varios días se registraron enfrentamientos con la policía en La Paz, que junto a su vecina El Alto, sufre una fuerte escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
Anuncio del estado de excepción
“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó el jefe de Estado durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno.
Rodrigo Paz aseguró que la medida se adopta ante “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”. El gobierno de centroderecha, que asumió en noviembre tras 20 años de gobiernos de izquierda, acusa al exgobernante Morales de impulsar las manifestaciones y de utilizar dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.
Morales se encuentra oculto en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, para evadir una orden de captura por un caso de trata de menores que él niega. También ha rechazado las acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
Acciones militares y policiales
Paz declaró que ha “instruido a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. El decreto, difundido horas después por la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días.
Los ministerios de Gobierno y Defensa emitirán resoluciones conjuntas para restringir los derechos de circulación, locomoción y reunión cuando sea necesario. De acuerdo con la ley, el decreto deberá ser ratificado por el Congreso, que convocará a reuniones en las próximas horas.
Acuerdo con la COB y reacciones
El decreto de excepción llega tras el acuerdo del viernes entre el gobierno y la COB. Mario Argollo, máximo líder de la organización, declaró que “desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional”. Agregó que existe un “compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”.
Paz saludó el acuerdo al afirmar que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza; no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.
Persistencia de bloqueos indígenas y cocaleros
El gobierno de Paz abrió la semana pasada un diálogo con Argollo. Mesas de trabajo funcionaron entre los sindicalistas y ministros para alcanzar el acuerdo del viernes. Los acuerdos prevén estudiar la liberación de los detenidos, tanto en marchas en La Paz como en los bloqueos de rutas. La Defensoría del Pueblo ha establecido que hay más de un centenar de arrestados. La administración de Paz también se comprometió a no privatizar empresas del Estado, como reclaman los sindicatos.
Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, sindicatos de campesinos y cocaleros expresaron su rechazo y anunciaron que los bloqueos, aproximadamente medio centenar en todo el país, continuarían. “Se ha determinado radicalizar los piquetes de huelga de carreteras”, afirmó el dirigente campesino Antonio Mallku, entrevistado por el canal Unitel. Los cocaleros, en un comunicado difundido por una radio de su propiedad, determinaron “mantener la movilización y los bloqueos de caminos” y calificaron como “una traición la firma del convenio”.
Con información de AFP.
