El parlamento de Suecia aprobó el lunes una controvertida ley que otorga a las autoridades la facultad de revocar los permisos de residencia de los inmigrantes basándose en el mal comportamiento. Esta medida, impulsada por el gobierno de derecha, contempla causales como tener deudas sin pagar, realizar trabajos no declarados o mantener vínculos con organizaciones extremistas.
Detalles de la nueva legislación
La normativa también permite la revocación de permisos en otros casos, por ejemplo, cuando los migrantes sean considerados una amenaza o si se descubre que mintieron en su solicitud. La ley cubre tanto los permisos pendientes como los ya concedidos, aplicándose de manera retroactiva. Forma parte de un endurecimiento más amplio de las normas migratorias por parte del gobierno conservador y su partido de apoyo, los demócratas nacionalistas de Suecia, en el marco de las elecciones parlamentarias previstas para septiembre.
Declaraciones del gobierno
El gobierno, que ganó las elecciones de 2022 con la promesa de reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra el crimen, ha afirmado que las personas que se portan mal o cometen delitos no son bienvenidas. El ministro de Migración, Johan Forssell, declaró en una conferencia de prensa el 24 de marzo: "El respeto a las leyes y normas es algo obvio, pero también debe serlo que hagamos todo lo posible por vivir de manera responsable y no perjudicar a nuestro país". Añadió: "Si, por ejemplo, no pagas tus deudas, si no cumples con las decisiones de las autoridades suecas, si abusas del sistema de ayudas, si obtienes un permiso de residencia sueco por medios fraudulentos... entonces no tienes derecho a estar aquí".
Contexto migratorio en Suecia
En Suecia residen aproximadamente 2.2 millones de personas nacidas en otro país, lo que representa un poco más del 20% de la población. Una de las razones más comunes para mudarse a Suecia, aparte del trabajo, es la reunificación familiar. Alrededor de 2015, se registró un pico en las solicitudes de asilo, principalmente debido a la Guerra Civil Siria, aunque también llegaron numerosas personas de Afganistán e Irak. Más de uno de cada cinco solicitantes eran niños que llegaron sin padres u otro tutor legal, según las autoridades suecas. Entre 2014 y 2018, los sirios conformaron el grupo de inmigrantes más grande que llegaba a Suecia cada año. Después de 2015, las solicitudes de asilo cayeron significativamente, en parte debido a cambios en la política migratoria sueca.
Entrada en vigor y críticas
La nueva medida, que amenaza con facilitar la retirada de permisos de residencia, entrará en vigor el 13 de julio. Ha sido criticada por la oposición y grupos de defensa de los derechos humanos por considerarla arbitraria, ya que las decisiones se basarían en comportamientos que no han sido considerados criminales. Según la ONG de derechos humanos Civil Rights Defenders, esta medida podría socavar el principio de igualdad de trato y es poco clara. John Stauffer, abogado principal de la ONG, señaló en un comunicado: "Un dispositivo así podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y causar una mayor autocensura. Algunos actos o palabras que no tienen consecuencias legales para los ciudadanos suecos podrían, en cambio, provocar la expulsión de personas que no tienen la nacionalidad sueca... Esto crea, en la práctica, reglas diferentes según quién seas".
