La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) afirmó que las desapariciones en México son generalizadas y constituyen delitos de lesa humanidad, respaldando la solicitud del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU para que el caso sea llevado a la Asamblea General del organismo.
Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, señaló que durante más de una década documentaron la violencia en el país, identificando patrones similares en varios estados como Coahuila, Nayarit y Veracruz. Encontraron que el crimen organizado realizaba desapariciones forzadas, muchas veces con apoyo de servidores públicos.
Reyes destacó que la justicia mexicana no funciona, con un 98% de impunidad, y que al ritmo actual se necesitarían 120 años para investigar las más de 100,000 desapariciones registradas. La FIDH presentó casos desde 2009 hasta 2025, incluyendo el reciente hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco, que evidencia el carácter organizado y sistemático de los crímenes.
Colectivos de personas desaparecidas en Coahuila expresaron su decepción ante la postura del Estado mexicano, que niega la existencia de desapariciones forzadas. Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamentó que sigan negando casos como el de su hijo, Daniel Cantú Iris, y pidió la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional.
