El consumo de alcohol adulterado representa un riesgo sanitario y un atentado contra la confianza pública, la economía formal y la seguridad de las personas, según Panambí Garcés, Directora General de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL). En un artículo de opinión, Garcés señala que México debe dejar de tratar este problema únicamente como un asunto de salud pública que se atiende cuando la tragedia ya ocurrió, y abordarlo también como un desafío de legalidad, economía formal, protección al consumidor y seguridad sanitaria.
El problema de fondo: más allá de la botella
Garcés explica que cada vez que ocurre una intoxicación por alcohol adulterado, la reacción social e institucional sigue el mismo patrón: identificar la botella, reconstruir los hechos y esperar que las investigaciones expliquen cómo llegó al consumidor. Sin embargo, cuando una bebida ilegal llega a una mesa, el problema ya recorrió buena parte de la cadena logística, comercial e institucional. La discusión pública se concentra en la consecuencia más visible, pero el verdadero riesgo comienza mucho antes de que una botella sea abierta o servida.
Diferencias con la piratería comercial
La autora destaca que el mercado ilegal de bebidas alcohólicas no es homogéneo. Mientras que en muchos sectores adquirir un producto apócrifo puede ser un fraude económico o una decepción, en el caso de las bebidas alcohólicas el riesgo va más allá del engaño comercial: puede representar una amenaza directa para la salud y la vida. Equiparar estas bebidas con la simple “piratería” genera una percepción equivocada, llevando a algunos a interpretar la compra de botellas a precios sospechosamente bajos en redes sociales o canales informales como una oportunidad de ahorro, sin dimensionar el riesgo real.
Riesgos sanitarios y cifras alarmantes
De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la adulteración puede involucrar la introducción deliberada de alcohol metílico o metanol, una sustancia altamente tóxica que puede provocar daños irreversibles a la salud, incluyendo afectaciones visuales, daños neurológicos, coma, paro respiratorio o la muerte. El consumo de una botella alterada no es un simple engaño, sino un riesgo sanitario de la mayor gravedad.
Las cifras confirman la urgencia. Según Euromonitor International, las modalidades delictivas vinculadas con falsificación, relleno y adulteración pasaron de 12.2% del mercado ilegal en 2017 a 21.2% en 2023. México se ha consolidado como el mayor mercado de alcohol ilícito de América Latina por volumen, con una proporción significativa de bebidas alcohólicas provenientes de la informalidad.
Impacto económico y fiscal
Este panorama no solo afecta la salud pública y destruye familias, sino que también debilita la capacidad del Estado para enfrentar el problema. De acuerdo con estimaciones del sector, solo en 2023 se comercializaron en México más de 21.8 millones de cajas de alcohol informal, con un valor estimado de 55 mil 689 millones de pesos. Esta actividad representó una pérdida fiscal de 19 mil 544 millones de pesos, recursos que pudieron fortalecer los sistemas de salud, la vigilancia sanitaria, la supervisión comercial y las capacidades institucionales para combatir la ilegalidad.
Hacia una estrategia preventiva
Garcés sostiene que enfrentar este mercado exige modificar las preguntas que nos hacemos como sociedad. En lugar de indagar únicamente qué sustancia contenía una botella después de una intoxicación, debemos preguntarnos qué ocurrió antes para que ese producto ilegal llegara al consumidor. Cada respuesta apunta a un eslabón distinto de la cadena y exige soluciones específicas.
Desde su perspectiva, México debe evolucionar de una política que reacciona cuando el daño ya ocurrió hacia una estrategia que privilegie la prevención, fortalezca la coordinación institucional y dificulte la operación del mercado ilegal. Esto implica fortalecer la trazabilidad de los productos, reducir las oportunidades en donde prospera la comercialización ilegal, incluidos los canales digitales, y consolidar una coordinación permanente entre autoridades sanitarias, tributarias, económicas y de seguridad.
Responsabilidad compartida
Si bien elegir establecimientos formales y verificar los marbetes reduce el riesgo para los consumidores, la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en ellos. La prevención requiere instituciones capaces de anticiparse al riesgo, cerrar espacios de impunidad y revisar los incentivos que permiten que la ilegalidad compita contra quienes sí cumplen con la ley. Garcés concluye que si el verdadero problema empieza mucho antes de la botella, también ahí debe empezar la solución.
