México denunciará penalmente a ICE por muerte de migrante mexicano en Texas
México denunciará penalmente a ICE por muerte de migrante

Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años que residía legalmente en Estados Unidos desde hace 35 años, fue asesinado el pasado martes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas. Según reveló The New York Times, Salgado no era el objetivo del operativo; los agentes buscaban a dos guatemaltecos. La congresista Sylvia García confirmó, tras conversar con la propia agencia, que ni Salgado ni su hermano eran los buscados, sino otro ocupante del vehículo con una orden administrativa pendiente. Una orden administrativa, no penal. Por un trámite migratorio, un hombre sin antecedentes está muerto.

Detalles del incidente

Salgado, quien construía casas en los suburbios de Houston, había fundado su propio negocio y formado su propia cuadrilla. Sus tres hijos son un maestro, un ingeniero y un estudiante de ingeniería: el sueño americano cumplido al pie de la letra, ladrillo por ladrillo. El día del incidente, un agente del ICE le disparó en el abdomen mientras conducía su camioneta rumbo a una obra, con sus trabajadores a bordo. Murió horas después en un hospital.

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Salgado ignoró instrucciones e intentó embestir a un agente, quien disparó en defensa propia. Sin embargo, el DHS no aportó evidencia alguna y admitió que ninguno de los agentes involucrados llevaba cámara corporal. Su hijo Ronaldo ofrece una hipótesis más humana y verosímil: su padre quizá se asustó al ver vehículos sin identificación y pensó que venían a robarle sus herramientas. En el Estados Unidos de 2026, un trabajador ya no distingue entre un asalto y un operativo federal.

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Respuesta de México: de la diplomacia a la vía penal

La respuesta de México marca un punto de inflexión. El canciller Roberto Velasco anunció que el gobierno pasará del ámbito diplomático a las fiscalías estadounidenses: denuncias penales formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia por 17 muertes de mexicanos vinculadas al ICE en el segundo mandato de Trump —14 bajo custodia, tres en operativos—. Habrá, además, acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención, con cartas de cese y desistimiento, y solicitudes de medidas de protección ante la CIDH y el alto comisionado de la ONU. La presidenta Sheinbaum fue más lejos en el lenguaje: su gobierno considera estas muertes “homicidios”, y advirtió que no puede hacer la vista gorda ante mexicanos cuyo único delito es trabajar honestamente.

Antes de esta semana, México había presentado 11 notas diplomáticas de protesta. La respuesta invariable de Washington: “se están realizando investigaciones”. La nota diplomática es el género literario de la impotencia: se escribe, se archiva, se olvida. Acudir a las fiscalías estadounidenses es usar el sistema legal del propio EU contra la maquinaria de su gobierno. Es, también, una apuesta arriesgada, porque su éxito no depende de México, sino de jueces y fiscales del país donde el ICE opera con presupuesto récord y respaldo presidencial.

Contexto migratorio y perspectivas legales

Mientras EU usa sus cortes para procesar a políticos mexicanos y la Presidenta acusa que las imputaciones por narco se usan para debilitar gobiernos, México responde llevando al ICE ante esas mismas cortes. La justicia estadounidense como campo de batalla bilateral, en ambas direcciones. La diferencia es el marcador: las deportaciones aumentaron 35% este año —75 mil 750 mexicanos en cinco meses— y en los centros de detención, según reportes, muere una persona cada pocos días.

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Los abogados migratorios anticipan un camino cuesta arriba. Es probable que ninguna de las 17 denuncias prospere ante fiscales que responden, en última instancia, a la misma administración que celebra las redadas. Pero hay algo que la vía penal logra aunque pierda: obliga a nombrar. Cada denuncia es un expediente con nombre y apellido. Lorenzo Salgado Araujo deja de ser “un incidente en Houston” y se convierte en un caso que alguien, en algún tribunal, tendrá que abrir. Su hijo Ronaldo lo dijo mejor que cualquier cancillería: su padre no merecía quedar reducido a un titular. Un hombre que construyó casas ajenas durante 35 años, que estaba a punto de completar su regularización migratoria, murió por una bala que ni siquiera era para él. En la lotería del terror migratorio ya no hace falta ser el buscado. Basta con estar ahí.