Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN, PRI y PRD, aseguran que el expediente de 50 páginas sobre la "narcoelección" que entregaron en Washington en 2021 sirvió de base al Departamento de Justicia de Estados Unidos para sustentar los pliegos acusatorios y las órdenes de captura contra los 10 extraditables de Sinaloa.
En entrevistas por separado, los líderes de la extinta coalición Va por México afirman que existe una conexión directa entre la denuncia presentada hace cinco años y las recientes solicitudes de extradición. "No tengo la menor duda de que lo que ahí aportamos son parte del todo", señaló Marko Cortés, senador panista.
Denuncia ante organismos internacionales
Los dirigentes acudieron en agosto de 2021 a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Departamento de Estado de Estados Unidos para denunciar la infiltración del crimen organizado en las elecciones federales de ese año, particularmente en Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur y Sonora.
Jesús Zambrano, fundador del PRD, sostiene que "el tiempo ha terminado dándonos la razón, cuando se pensaba que lo nuestro era una cosa pasajera". El expediente, que incluye testimonios, versiones periodísticas y estadísticas electorales, documenta amenazas, secuestros y coacción del voto por parte de grupos criminales.
Evidencias de la narcoelección
Marko Cortés relató que en mayo de 2021, la candidata a alcaldesa de Valle de Bravo fue amenazada para que no hiciera campaña. En Tamaulipas, cinco municipios no pudieron tener representantes de casilla por intimidación. En Baja California Sur, el grupo de La Barredora amenazó a operadores políticos a través de mensajes en motos tipo Uber.
Alejandro Moreno, presidente del PRI, recordó que en Sinaloa levantaron a la actual diputada Paola Gárate y al secretario de organización del PRI, obligando a candidatos a declinar públicamente. "Fueron los cárteles del crimen organizado coaccionando, orientando el voto a favor de Morena", afirmó.
Impunidad en México
Los dirigentes señalaron que, a pesar de las pruebas, las autoridades electorales mexicanas minimizaron los hechos. En Michoacán, aunque se anularon casillas, los magistrados resolvieron que la injerencia del crimen no fue determinante. "Lo que tenía que haber ocurrido es que se anularan esas elecciones", lamentó Cortés.
Jesús Zambrano recordó que en Concordia, Sinaloa, un candidato opositor se retiró tras amenazas, y en Michoacán, personas armadas corrieron a los representantes de casilla diciendo: "Aquí nosotros vamos a llenar las actas porque aquí va a ganar Morena".
Expediente entregado en Washington
Con todos esos testimonios, se armó el expediente de más de 50 páginas que se presentó ante las autoridades estadounidenses. "Presentamos testimonios, los hechos de que había sido una narcoelección, porque los cárteles del crimen organizado habían participado, había dinero ilícito del crimen organizado patrocinando campañas de los narcopolíticos de Morena", explicó Alejandro Moreno.
Marko Cortés confió en que pronto saldrá la resolución pendiente de la OEA sobre el caso, y reveló que han solicitado a la CIDH que retome la denuncia, "más ahora que ya se cuenta con los elementos probatorios que tiene la fiscalía de Estados Unidos".
Resultados y precedentes
Zambrano ponderó que el expediente entregado hace 58 meses en Washington ha prosperado, derivando en el juicio contra los 10 extraditables de Sinaloa. "Lo peor que uno puede hacer en estos casos es quedarse callado. Había que sentar el precedente para que esto no se vuelva a presentar", concluyó.
Alejandro Moreno se mostró optimista: "Lo que nosotros les dijimos a las autoridades del Departamento de Estado es lo que confirmaron con los hechos sucedidos después en Sinaloa, pero sobre todo en Chihuahua".
