Detenciones en protesta del 8M en Campeche generan controversia
Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en San Francisco de Campeche, se registró una detención masiva de 14 personas que participaban en la marcha feminista, generando denuncias de arbitrariedad por parte de colectivas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Manifestación frente al Palacio de Gobierno
La protesta inició en el Parque San Martín alrededor de las 5:30 de la tarde, reuniendo a más de 300 mujeres que marcharon hacia el Palacio de Gobierno del Estado. Las manifestantes portaban una pancarta con el lema "Gobierno Misógino" y exigían seguridad y justicia para las víctimas de violencia de género en la entidad.
Al llegar a las puertas del recinto gubernamental, las participantes corearon consignas como "¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!" e intentaron prender fuego frente a la sede del Poder Ejecutivo y contra los escudos de los policías estatales, acción que fue rápidamente sofocada por elementos de seguridad con extintores.
Detenciones y traslado a Fiscalía
Al término de la manifestación, se reportaron detenciones en diversos puntos de la ciudad, particularmente en la calle 59. Las personas arrestadas, en su mayoría mujeres, fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM). Entre las detenidas se encuentran:
- Ana Belén García Gutiérrez
- José Ismael Pacheco López
- Betsabe Chino Delgado
- Arizbeth Castro
- Arantza Castro
- Dayana Madahi Vidal Corcuera
- Lady Jeanette Sosa Sarmiento
- Marian González Calderon
- Michelle Ruiz
- Indra Ordaz
- Yahari Brito Brito
- Carolina Ortega
- Esli Romero Flores
Posición gubernamental y denuncias de arbitrariedad
La gobernadora Layda Sansores se pronunció a través de redes sociales, calificando los incidentes como "actos criminales que no representan a las mujeres". En su declaración, afirmó que "las personas involucradas ya han sido identificadas y algunas están vinculadas a grupos políticos", prometiendo que se procedería conforme a la ley.
Sin embargo, organizaciones civiles han cuestionado la legalidad de las detenciones. Aremy Gasca, de la colectiva Ley Sabina, denunció que el gobierno estatal envió camiones repletos de policías estatales y federales para detener a manifestantes de forma indiscriminada, utilizando fuerza excesiva.
La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas, argumentando que se trató de detenciones arbitrarias sin flagrancia ni órdenes de aprehensión. En un comunicado, señalaron que "mujeres que ejercían su legítimo derecho constitucional a la protesta fueron detenidas sin órdenes y en lugares distintos a donde ocurrieron los hechos".
Solidaridad académica y situación legal
El caso de Esli Romero Flores, estudiante de doctorado entre las detenidas, generó particular preocupación. El Laboratorio de Antropología Social y Género del Colegio de la Frontera Sur emitió un comunicado exigiendo su liberación inmediata, expresando su compromiso con la justicia social y los derechos humanos.
Hasta el momento, no existe información oficial adicional sobre la situación legal de las personas detenidas ni sobre el proceso que seguirán las autoridades. El incidente ha reavivado el debate sobre el derecho a la protesta y el uso de la fuerza policial durante manifestaciones sociales en México.
