México continúa aplazando una discusión crucial: la sostenibilidad de su sistema de pensiones. La pregunta central es si el país podrá cumplir con sus compromisos pensionarios en una sociedad que envejece a un ritmo superior al crecimiento de su economía. Aunque la atención mediática se ha centrado en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las demandas para derogar la Ley del ISSSTE de 2007, el problema de fondo es de carácter actuarial.
Un sistema construido para otro México
El sistema pensionario mexicano se diseñó cuando el país era demográficamente joven, la esperanza de vida era menor y existían suficientes trabajadores activos para sostener a una población reducida de jubilados. Esa realidad ha cambiado drásticamente. Las tendencias demográficas son claras: la esperanza de vida aumenta, la tasa de natalidad disminuye y cada año hay menos trabajadores para mantener a un número creciente de pensionados. Este cambio altera por completo la lógica financiera del sistema.
Los esquemas de pensiones funcionan bien cuando la base de contribuyentes crece de forma sostenida y la economía genera recursos suficientes para absorber el aumento del gasto social. Sin embargo, cuando el crecimiento pierde dinamismo, la informalidad supera la mitad del mercado laboral y la población envejece aceleradamente, las presiones presupuestales se multiplican. Eso es exactamente lo que enfrenta México.
El gasto en pensiones, un componente rígido del presupuesto
El gasto en pensiones se ha convertido en uno de los componentes más rígidos del presupuesto federal y seguirá creciendo, independientemente de las decisiones políticas. No se trata de cuestionar derechos adquiridos ni de desestimar las demandas de millones de trabajadores que buscan una jubilación digna; se trata de números. Las matemáticas nunca mienten. Cada peso comprometido al pago de pensiones reduce el margen para financiar infraestructura, salud, educación, seguridad o inversión productiva. La presión se intensifica a medida que el costo financiero de la deuda aumenta y las expectativas de crecimiento económico se mantienen limitadas.
La reforma del ISSSTE de 2007 intentó responder a esta realidad mediante la transición hacia un esquema de cuentas individuales. Casi dos décadas después, el descontento social demuestra que la discusión quedó inconclusa. Los sistemas pensionarios suelen convertirse en uno de los mayores desafíos fiscales de cualquier economía, ya que combinan tres variables difíciles de equilibrar: expectativas sociales legítimas, restricciones presupuestales y cambios demográficos irreversibles.
El desafío de la informalidad
México enfrenta una dificultad adicional: más de la mitad de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Millones de personas llegarán a la vejez sin acceso a una pensión suficiente o, en muchos casos, sin ningún mecanismo formal de retiro. Esto significa que la presión sobre el gasto social no disminuirá; por el contrario, aumentará. El desafío no consiste únicamente en financiar las pensiones actuales, sino también en construir un sistema capaz de incorporar a quienes hoy permanecen fuera de él.
Aquí aparece la contradicción que el país ha evitado discutir y solucionar. México necesita recaudar más para sostener su sistema pensionario, pero mantiene una base contributiva limitada. Requiere crecer más para financiar el envejecimiento poblacional, pero enfrenta obstáculos estructurales que frenan su expansión económica. Necesita formalizar el empleo, pero más de la mitad de su fuerza laboral continúa fuera del sistema. No existe una solución sencilla, y no se ve pronto luz al final del túnel.
El costo de postergar la discusión
La sostenibilidad del sistema pensionario dependerá de la capacidad del país para crecer más, ampliar su base de contribuyentes, fortalecer el ahorro para el retiro y reducir la informalidad. La herida que abrió nuevamente el ISSSTE duele, pero es inevitable. El verdadero reto no es resolver la próxima negociación, sino garantizar que México pueda cumplir sus compromisos con los jubilados del futuro sin comprometer la estabilidad financiera del país. Postergar la discusión puede evitar costos políticos en el presente, pero hará inevitable pagar una factura mucho más alta en el futuro.
Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
