La consulta pública sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias ha desatado un fuerte debate entre el gobierno federal y la industria de la radiodifusión. TV Azteca, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y especialistas en telecomunicaciones advierten que el proyecto, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), podría ampliar las facultades de la autoridad para intervenir en decisiones editoriales, revisar las resoluciones de los Defensores de las Audiencias e iniciar procedimientos que deriven en sanciones contra medios críticos.
Preocupaciones de TV Azteca
TV Azteca, en una respuesta escrita a Expansión, expresó su preocupación de que el proyecto modifique el modelo previsto por la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, sostiene que los derechos de las audiencias deben garantizar la libertad de las personas para elegir contenidos y medios, sin convertirse en un mecanismo de mayor intervención estatal. "Lo primero de esos derechos es la libertad de los mexicanos para decidir qué ver, qué escuchar y en qué medios confiar. Nuestro compromiso es con un periodismo libre, crítico e independiente", afirmó la televisora.
Esta postura se da en un contexto de creciente confrontación entre TV Azteca y el gobierno federal. Tras una relación inicialmente cercana con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el vínculo se deterioró por litigios fiscales. Desde entonces, TV Azteca se ha convertido en una de las voces más críticas de la llamada Cuarta Transformación, y también ha tenido desacuerdos con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado públicamente algunos contenidos de la empresa.
La postura de la CIRT y especialistas
La CIRT, que agrupa a los concesionarios de radio y televisión, señaló que el proyecto incorpora disposiciones ambiguas que podrían dar lugar a una aplicación discrecional por parte de la autoridad, especialmente porque la CRT podría revisar, mediante recursos de inconformidad, las resoluciones de los Defensores de las Audiencias. "El gobierno terminará diciendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no", indicó la CIRT en un comunicado.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), consideró que la regulación es necesaria, pero cuestionó su alcance. "El gobierno no quiere que se le critique y si se hace quiere ejercer algún mecanismo de control. Ese es el trasfondo, a diferencia de lo que el IFT buscó hace 12 años, que era solo aplicar lineamientos", afirmó. Bravo advirtió que los lineamientos podrían usarse como herramienta de presión sobre medios críticos, y que la falta de precisión en el esquema de multas, que van del 0.01% al 1% de los ingresos acumulables de los concesionarios, abre un espacio de discrecionalidad.
Detalles del proyecto de lineamientos
Desde el 27 de julio, la CRT sometió a consulta pública el proyecto que sustituirá a las disposiciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitidas en diciembre de 2024. Entre las obligaciones previstas está que cada concesionario cuente con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias. Además, los concesionarios deberán atender quejas y recomendaciones en un plazo máximo de 20 días hábiles; en caso de incumplimiento, se contemplan sanciones económicas.
El proyecto busca que los medios distingan claramente entre publicidad, información noticiosa y opinión, y que las audiencias puedan presentar quejas si consideran vulnerados sus derechos. Sin embargo, la obligación de distinguir entre información y opinión podría ser difícil de aplicar, según Bravo, y generar interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico.
El impulso del gobierno
Desde enero, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en fortalecer la regulación de los derechos de las audiencias, señalando que existen prácticas mediáticas que inducen narrativas políticas mediante manipulación de información. Tanto su administración como la de López Obrador han utilizado la sección "Detector de Mentiras" en sus conferencias matutinas para responder a publicaciones de medios y redes sociales.
Mientras la CRT mantiene abierta la consulta pública, el debate se centra en el equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y los alcances de la autoridad sobre la actividad editorial. Para el gobierno, los lineamientos buscan fortalecer la protección de los usuarios; para TV Azteca, la CIRT y especialistas, existe el riesgo de ampliar la intervención estatal sobre los contenidos informativos.
