Reforma constitucional para eliminar pensiones doradas alcanza avance crucial
Esta tarde se concretó un paso histórico en la transformación del sistema de pensiones para exfuncionarios públicos de alto nivel, al alcanzarse la validación de 18 Congresos estatales para la reforma que pone fin a las llamadas pensiones doradas. La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que las pensiones de servidores públicos que ocuparon puestos directivos no podrán superar la mitad del salario presidencial.
Detalle de las votaciones estatales
De los 18 Congresos que han respaldado la iniciativa, 16 lo hicieron por unanimidad, demostrando un amplio consenso en los siguientes estados:
- Chiapas
- TabascoCiudad de México
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Veracruz
- Sonora
- Nayarit
- Baja California Sur
- Michoacán
- Colima
- Puebla
- Guerrero
- Campeche
- Hidalgo
- Quintana Roo
Los otros dos estados que completaron el número requerido fueron Baja California, con 20 votos a favor y 4 en contra, y Zacatecas, con 19 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Próximos pasos y aplicación inmediata
Con este avance, solo resta que la Cámara de Diputados y el Senado realicen la declaración formal de validez la próxima semana. Una vez que el Congreso de la Unión complete este trámite, el Ejecutivo Federal ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por mandato constitucional, esta reforma impactará inmediatamente a al menos 6,292 ex trabajadores del Estado que ocuparon puestos directivos, reduciendo sus pensiones a un máximo de 67 mil pesos mensuales netos.
Base salarial y cálculo de las nuevas pensiones
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 establece que el salario bruto de la Presidenta de la República es de 193,706 pesos mensuales, compuesto por 191,849 pesos de salario directo y 1,860 pesos de prestaciones. Después de impuestos y deducciones personales (59,416 pesos), el salario neto presidencial queda en 134,290 pesos.
Con la nueva regulación, las pensiones de exfuncionarios directivos quedarán limitadas a la mitad del salario presidencial bruto, es decir, 96,853 pesos brutos. Tras los descuentos correspondientes, esto se traduce en 67,145 pesos netos mensuales, marcando un cambio sustancial en el esquema de retiro para la élite del servicio público.
Esta reforma representa uno de los ajustes más significativos al sistema de pensiones en décadas, buscando equilibrar las prestaciones de los exservidores públicos con los parámetros salariales del máximo cargo ejecutivo del país.
