El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de un año a Jaime N., exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras acreditar irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. El exfuncionario no justificó un incremento de bienes por más de 1.5 millones de pesos ante las autoridades.
Investigación de la Secretaría Anticorrupción
La resolución deriva de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La dependencia informó que el exservidor público incurrió en una falta administrativa grave al omitir información patrimonial. El monto observado asciende a un millón 532 mil 452 pesos, cantidad que no pudo ser explicada ni acreditada durante el procedimiento administrativo.
Sanción y derechos del exfuncionario
La sanción de inhabilitación por un año impide a Jaime N. ejercer cargos dentro del servicio público. Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción precisó que el sancionado conserva su derecho a impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes. En caso de que ello ocurra, la dependencia afirmó que defenderá la resolución emitida por las autoridades competentes.
Importancia de las aduanas en la transparencia
Las aduanas mexicanas desempeñan un papel estratégico para el comercio exterior, la recaudación y la supervisión de mercancías que ingresan y salen del país. Los mecanismos de control patrimonial y rendición de cuentas forman parte de los instrumentos diseñados para prevenir posibles actos de corrupción. Especialistas en fiscalización pública señalan que las declaraciones patrimoniales constituyen una herramienta fundamental para detectar inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos y fortalecer la confianza en las instituciones.
Llamado a la participación ciudadana
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que la lucha contra la corrupción requiere la participación tanto de las instituciones como de la sociedad. La dependencia recordó que los ciudadanos pueden presentar denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción a través de los mecanismos oficiales establecidos para tal fin. Asimismo, reiteró que las conductas que vulneren la confianza pública deben investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la legislación vigente.
