Ernesto Ruffo Appel vinculado a proceso por huachicol fiscal
Ruffo Appel vinculado a proceso por huachicol fiscal

Vinculación a proceso por huachicol fiscal

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega dictó vinculación a proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más, por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, delito conocido como "huachicol fiscal". La audiencia se extendió por más de 36 horas, tras las cuales la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar formalmente un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Detalles de la acusación

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el caso expone una compleja red de empresas que presuntamente simulaba operaciones comerciales para facilitar la introducción irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México, evadiendo el pago de impuestos. Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue detenido recientemente en Ensenada, había reconocido ser accionista de la empresa investigada, pero negó tener conocimiento de operaciones ilícitas.

Medidas cautelares para los implicados

La jueza ratificó la prisión preventiva para Ruffo Appel, quien permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, el penal del Altiplano, en el Estado de México. En el mismo centro penitenciario de máxima seguridad continuarán su proceso Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juárez. Para José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales se dictó prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

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Próximos pasos procesales

En las siguientes etapas, el Ministerio Público deberá acreditar plenamente sus señalamientos, mientras que la defensa del exgobernador tendrá derecho a impugnar la resolución y presentar pruebas para desestimar las acusaciones de la FGR.

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