La senadora Mariela Gutiérrez Escalante presentó un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a acelerar la emisión de normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos para el reordenamiento, retiro o soterramiento de cables de telecomunicaciones en desuso. La iniciativa busca también establecer sanciones para las empresas que no retiren el cableado obsoleto.
Riesgos del cableado en desuso
La acumulación y el sobrepeso del cableado en desuso en las calles puede causar cortocircuitos e incendios en todas las ciudades del país. Además, las líneas que penden a baja altura o quedan tiradas sobre banquetas y vialidades se transforman en trampas que afectan a ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad, advirtió la senadora.
Problema nacional
Gutiérrez Escalante señaló que la proliferación de infraestructura en desuso no constituye un fenómeno aislado ni exclusivo de la Ciudad de México; por el contrario, se trata de una problemática de dimensiones nacionales que aqueja con severa gravedad a las principales zonas metropolitanas del país. En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, también pide a las autoridades competentes de los estados que aceleren e intensifiquen las acciones y programas para el retiro inmediato del cableado aéreo en desuso en la vía pública, en coordinación con las empresas concesionarias de telefonía e internet.
Necesidad de sanciones
Este riesgo latente para la seguridad de los transeúntes y la imagen urbana, dijo, confirma la necesidad de transitar de un esquema puramente voluntario hacia la aplicación de las sanciones, a fin de que las empresas concesionarias se obliguen a asumir de forma permanente, expedita y total, la responsabilidad de limpiar el espacio público que han saturado. Mariela Gutiérrez consideró que este exhorto no sólo es oportuno, sino jurídicamente necesario para solicitar a la autoridad regulatoria que vigile el cumplimiento de la normatividad, que garantice que el desarrollo tecnológico no ocurra a expensas de la seguridad ciudadana y el equilibrio ambiental.
