La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Liz Salgado, exigió al Gobierno de la Ciudad de México información transparente sobre dos incidentes ocurridos durante la jornada del 30 de junio: los operativos contra familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, y la muerte de cuatro personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana.
Condena a operativos contra buscadores
En un pronunciamiento ante la Comisión Permanente, Salgado expresó su condena a los operativos implementados contra las familias buscadoras, quienes se manifestaban pacíficamente. Señaló que estas acciones representan una violación a los derechos humanos y a la libre manifestación.
“Los grandes eventos deben demostrar la capacidad institucional del gobierno para proteger a las personas y garantizar sus derechos, no convertirse en escenarios donde existan cuestionamientos por violaciones a derechos humanos o por fallas en la protección de la vida”, afirmó la legisladora.
Fallecimientos durante celebraciones
Salgado también se refirió a la muerte de cuatro personas durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana. Exigió a las autoridades capitalinas esclarecer las circunstancias que derivaron en estos fallecimientos y revisar los protocolos de protección civil aplicados durante las concentraciones masivas.
“Ninguno de estos hechos debió ocurrir. La Ciudad de México merece celebrar con seguridad, pero también merece un gobierno que garantice derechos, que proteja la vida y que coloque siempre a las personas por encima de cualquier narrativa política”, sostuvo.
Llamado a revisar protocolos
La diputada panista hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para garantizar el pleno respeto a los derechos de reunión, libre manifestación y protesta pacífica. Asimismo, solicitó que se revisen los protocolos de protección civil para futuros eventos masivos.
Finalmente, Salgado señaló que la experiencia de los últimos eventos masivos debe servir para fortalecer la planeación preventiva, la coordinación entre autoridades y los protocolos de atención, a fin de garantizar que futuras celebraciones se desarrollen con seguridad y pleno respeto a los derechos humanos, sin poner en riesgo la integridad de las personas.
