El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apenas inicia tras la solicitud de Estados Unidos para su detención provisional con fines de extradición, según expertos en derecho internacional. La petición, que vincula a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza con el Cártel de Sinaloa, enfrenta como primer obstáculo el fuero constitucional del mandatario, el cual solo puede ser retirado por el Senado, dominado por Morena.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que la solicitud estadounidense no incluyó pruebas suficientes. La SRE indicó que los documentos recibidos de la Embajada de Estados Unidos carecen de elementos probatorios para determinar responsabilidad, mientras que la FGR reiteró que la petición no cumple con los requisitos de evidencia contundente establecidos en el Tratado Bilateral de Extradición.
Moisés Montiel Mogollón, profesor de Derecho Internacional del CIDE, explicó que el proceso de extradición es administrativo, no penal, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Detalló que la primera fase solo requiere que el país solicitante manifieste el delito, sin necesidad de presentar pruebas o hechos específicos, conforme al artículo 11 del tratado bilateral.
Montiel añadió que la extradición tiene tres fases: administrativa, judicial y nuevamente administrativa, y que el caso de Rocha Moya está en la primera etapa. Aunque la acusación de EU es pública, el país vecino deberá enviar una nota diplomática formal para cumplir con los requisitos del tratado. El fuero del gobernador y los vacíos legales podrían favorecerlo en esta etapa inicial.
