El Consejo Cívico, organismo que agrupa a industriales, comerciantes y otras asociaciones, solicitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que aclare su patrimonio, el de su familia y su relación con despachos de abogados señalados en presuntas triangulaciones de millones de pesos. La petición fue difundida en un comunicado firmado por su directora, Sandrine Molindard.
El organismo exhortó al mandatario a clarificar el origen de su fortuna y evitar posibles conflictos de interés, además de pedir a la Contraloría Estatal investigar las empresas mencionadas en medios, revisar montos cobrados y servicios entregados. Según el Consejo, desde hace semanas se han revelado esquemas de triangulación de recursos entre proveedores del estado y negocios familiares del gobernador.
La solicitud también incluye que la Secretaría de Administración presente públicamente los mecanismos de prevención de conflictos de interés y corrupción en compras y obra pública, especialmente en la contratación de empresas fantasmas. Asimismo, pide a la Auditoría Estatal, Contraloría, Fiscalía Anticorrupción, SAT y UIF informar si han iniciado investigaciones sobre los señalamientos de corrupción.
De acuerdo con denuncias de medios locales y de la oposición, alrededor de 957.1 millones de pesos habrían sido triangulados de proveedores oficiales hacia empresas de Samuel García y el despacho de su padre, presuntamente para la adquisición de un megaterreno en San Pedro Garza García. Legisladores del PAN y PRI presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra el gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.
El Consejo Cívico, integrado por cámaras como Caintra, Canaco, Coparmex y colegios profesionales, enfatizó que la ciudadanía exige respeto al Estado de derecho y rendición de cuentas. “Exigimos del gobierno una gestión virtuosa, que procure el bien común”, concluye el comunicado.
