La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron uno de los mayores casos de lavado de dinero en México en la última década, por un monto de casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años. La suma equivale al presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de Gobernación.
El caso involucra a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como factureras. Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre enero de 2016 y abril de 2018, y de julio a octubre de 2019, estas empresas realizaron 17,566 depósitos por 9,631.8 millones de pesos y 55,644 retiros por 9,629.4 millones de pesos, muchos a favor de personas físicas y morales, algunas también en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
La FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre si las empresas tenían autorización para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. El 10 de enero de 2024, la CNBV respondió que no encontró ningún antecedente o autorización para Optimización Dalga, Lovies, OHAT ni Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería.
Las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarios de la Ciudad de México y el Estado de México. En las tres aparece Vicente Estrada Viveros como apoderado o accionista. En Optimización Dalga, los accionistas son Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal; en Lovies, Estrada y Rafael Solano López son accionistas, con Claudia Guzmán Salazar como administradora; en OHAT, Estrada es apoderado, con Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila como accionistas.
Las operaciones se registraron con personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan. Fuentes federales indicaron que la FGR ya presentó el caso ante un juez y espera una audiencia para imputar a las seis personas por lavado de dinero. Por el monto, es uno de los tres casos judiciales más relevantes de lavado de activos, solo detrás del de Juan Carlos Minero Alonso (15 mil mdp) y Manuel Rodolfo Trillo Hernández (6,119.8 mdp).
