La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que una estructura criminal responsable del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, obtenía hasta 18 mil millones de pesos anuales mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón. Esta revelación fue presentada por la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal durante una conferencia de prensa, donde se detallaron los avances en la investigación del homicidio ocurrido en noviembre de 2025.
Mecanismos de extorsión en el sector agrícola
De acuerdo con las autoridades estatales, la organización imponía cuotas obligatorias por cada kilogramo de fruta cosechada en la entidad. El monto exigido no era fijo, sino que variaba según el comportamiento del mercado en cada temporada. En periodos de precios bajos, la cuota oscilaba entre uno y dos pesos por kilogramo, mientras que en momentos de alta demanda, esta cifra ascendía hasta cinco o seis pesos por kilo.
Jorge Armando “N”, conocido bajo el alias "El Licenciado", fue identificado como el presunto operador principal de este esquema de extorsión en el sector aguacatero. Además, la FGE lo señala como uno de los supuestos coautores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo. Dado que Michoacán es el principal productor mundial de aguacate y un exportador clave hacia Estados Unidos, Europa y Asia, el volumen de producción permitió generar ingresos masivos para la célula criminal.
Con base en una producción anual estimada de 1.8 millones de toneladas de aguacate, la autoridad calculó que este mecanismo ilícito pudo haber generado aproximadamente 10 mil 800 millones de pesos al año únicamente por este concepto.
Ingresos adicionales por la comercialización de limón
Paralelamente a la extorsión del aguacate, la investigación señaló que la producción limonera constituía otra fuente significativa de financiamiento para la organización. Gerardo “N”, alias "El Congo", fue identificado como el controlador del cobro de piso a los productores de limón en la región.
Las cuotas establecidas para este fruto variaban entre uno y dos pesos por kilogramo. Tomando como referencia una producción estatal cercana a los 856.7 millones de kilogramos, la Fiscalía estimó que las ganancias derivadas de esta actividad ilegal fluctuaban anualmente entre mil 713 millones y 3 mil 426 millones de pesos.
Al sumar los recursos presuntamente obtenidos por la extorsión tanto al aguacate como al limón, la FGE concluyó que la organización alcanzaba ingresos totales cercanos a los 18 mil millones de pesos anuales. Según la autoridad, esta capacidad financiera fue fundamental para mantener la estructura criminal, financiar sus operaciones y sostener una red logística de gran alcance.
Detalles del atentado y líneas de investigación
Carlos Manzo Rodríguez fue atacado la noche del 1 de noviembre de 2025, momento en que asistía al Festival de las Velas en la Pérgola Municipal de Uruapan, dentro de las celebraciones del Día de Muertos. Previo al incidente, el edil había compartido un mensaje informando que convivía con habitantes locales y visitantes nacionales e internacionales.
Poco después de las 20:00 horas, un adolescente de 17 años logró acercarse al alcalde y le disparó por la espalda. Carlos Manzo recibió seis impactos de bala y fue trasladado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció alrededor de las 20:50 horas. En el ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo, quien sobrevivió al incidente.
El presunto agresor murió posteriormente durante un forcejeo con policías municipales, un hecho que forma parte integral de las investigaciones en curso. Las indagatorias han permitido identificar a diversos presuntos responsables intelectuales del crimen, incluyendo órdenes de aprehensión contra individuos identificados como "El R1", cuya audiencia fue diferida a petición de su defensa.
Asimismo, permanece abierta una línea de investigación relacionada con un video en el que aparece Carlos Manzo junto a un presunto líder del Cártel de Los Reyes. La FGE incorporó este material al expediente para fortalecer las pruebas destinadas a establecer el contexto del homicidio, el posible móvil y la estructura económica de la organización. Estas acusaciones forman parte de una investigación judicial activa y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes.
