Las autoridades mexicanas han establecido la obligatoriedad de asociar cada línea telefónica activa con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular, en el marco de las actualizaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta medida, que entra en vigor plenamente durante el 2026, busca inhibir delitos de extorsión y fraude vinculados al anonimato de las tarjetas SIM.
De acuerdo con el portal jurídico Justia México, la falta de cumplimiento en este registro faculta a los proveedores de servicios para suspender de manera definitiva el servicio de voz y datos de los usuarios omisos. Para determinar si una línea telefónica ya se encuentra correctamente vinculada a la identidad del usuario, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los operadores móviles habilitaron plataformas de consulta masiva.
En caso de detectar números no reconocidos asociados a su CURP, el usuario tiene el derecho de solicitar la baja inmediata ante la autoridad correspondiente. El despliegue de esta base de datos centralizada responde a una necesidad de trazabilidad en el sector, aunque genera dudas sobre la protección de datos personales.
Según la International Telecommunication Union (ITU), organismo especializado de las Naciones Unidas, la implementación de registros de tarjetas SIM es una tendencia global que requiere de protocolos estrictos de ciberseguridad para resguardar la privacidad de los suscriptores. La implementación de este sistema representa un cambio estructural en la forma en que se consumen servicios móviles en México, priorizando la certeza jurídica sobre la agilidad de adquisición de líneas.
