Para millones de mexicanas, el sonido de una notificación de WhatsApp o el destello de una pantalla ya no es señal de conexión, sino de alerta. Lo que antes se minimizaba como “comentarios en redes”, actualmente es reconocido como una de las fronteras más agresivas de la violencia de género. En México, el espacio digital se ha convertido en un campo de batalla donde la impunidad parece ser la norma, pero también donde ha germinado una red de resistencia colectiva que no está dispuesta a dar ni un paso atrás.
Frente a un sistema de justicia que a menudo avanza más lento que un algoritmo, colectivos feministas y organizaciones civiles han tomado la primera línea de defensa. Grupos como Cultivando Género, Morras Feministas Monterrey y Colectivo DRL (Derechos, Resistencia y Libertad) hoy fungen como refugios digitales. Estos colectivos ofrecen lo que el Estado a veces omite: acompañamiento psicológico, asesoría técnica para “limpiar” la huella digital y una red de contención emocional que recuerda a las víctimas que lo virtual es real.
Lo que comenzó en 2020 como un acto de solidaridad entre amigos para borrar el contenido íntimo difundido por una expareja, se transformó en una red de resistencia digital que trasciende las fronteras del estado. En un entorno donde la Ley Olimpia, diseñada para sancionar la distribución de material íntimo sin consentimiento, no ha logrado frenar la impunidad, el Colectivo DRL tomó la iniciativa de patrullar el ciberespacio. Bajo la dirección de Andy Torres, el grupo no solo identifica y da de baja perfiles dedicados a la comercialización de imágenes sensibles, sino que ha creado un registro público de agresores a través de Telegram, con nombres, apellidos y fotografías de quienes comparten o solicitan contenido sexual.
Diariamente reciben hasta una centena de solicitudes de apoyo para borrar contenido; sin embargo, Torres dijo que no se trata de un incremento de esa práctica, sino que se percibe más. Según datos recientes del Inegi, 18 de cada 100 adolescentes y adultas oaxaqueñas han sido víctimas de ciberacoso, una disminución respecto al 2023, cuando 23.3% reportaron haber sufrido intimidación por medios digitales. Desde la denuncia de chats grupales como el infame #SierraXXX, donde servidores públicos compartían imágenes de mujeres indígenas, hasta la detección de redes de explotación infantil en escuelas secundarias, el colectivo enfrenta diariamente una marea de solicitudes que refleja una crisis persistente.
En noviembre del año pasado, documentaron la existencia de un chat de Telegram donde personas adultas difundieron imágenes y videos de menores de edad de tres escuelas secundarias de Oaxaca. Las imágenes fueron compartidas por personas del primer círculo de las víctimas, al parecer padres, padrastros o tutores, obtenidas en la privacidad de la vivienda mientras las menores realizaban sus quehaceres o dormían. Para estas víctimas, en un sistema que a menudo les da la espalda, el activismo digital se ha convertido en la única herramienta capaz de devolverles un fragmento de su derecho a la privacidad.
Leidy López Pecina, quien sufrió abuso sexual en su infancia, fundó hace seis años Morras Feministas Monterrey junto con su hermana, tras encontrar un sistema negligente y un vacío de espacios feministas. Hoy, ese espacio se ha convertido en un refugio para más de 200 mujeres que enfrentan violencia sexual, de género y digital en el estado.
