La inversión extranjera directa (IED) en el sector de telecomunicaciones en México registró una caída del 87.7% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2024, antes de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Según datos de la Secretaría de Economía, el sector captó apenas 31.1 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, frente a los 253 millones de dólares reportados en el primer trimestre de 2024.
Transición regulatoria sin impacto en la inversión
Desde finales de 2024, la industria ha atravesado un proceso de cambios institucionales derivados de la reforma de simplificación orgánica impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. Como parte de este proceso, se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), responsable de la política pública del sector, mientras que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzó operaciones en octubre de 2025 como órgano desconcentrado de esa dependencia. Además, se fortaleció la participación de Altán y CFE como operadores estatales.
Analistas anticipaban que 2025 sería un año de ajuste y que 2026 marcaría el inicio de una mayor certidumbre para la inversión. Sin embargo, los datos del primer trimestre muestran que esa recuperación aún no se consolida.
Factores que frenan la recuperación
Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, señaló que la evolución de la inversión dependerá de las señales que envíe el nuevo regulador. “Un calendario predecible para la asignación de espectro radioeléctrico, una revisión del esquema de derechos que pagan los operadores y mayor certidumbre para proyectos de largo plazo contribuirían a fortalecer el entorno de inversión”, afirmó.
Además de los cambios regulatorios, Tovar consideró que el entorno macroeconómico ha reducido los incentivos para desarrollar nueva infraestructura. “La contracción de la economía mexicana durante el primer trimestre del año, junto con una expectativa de crecimiento cercana a 1% para todo el año, redujo los incentivos para ampliar la infraestructura, ya que una menor actividad económica limita la demanda esperada de servicios de telecomunicaciones por parte de hogares y empresas”, explicó.
Incertidumbre por el T-MEC
La incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también afecta las decisiones de inversión. Según Tovar, la posibilidad de revisiones anuales al acuerdo comercial reduce el horizonte de planeación para proyectos intensivos en capital, como las redes de telecomunicaciones. “Las telecomunicaciones son especialmente sensibles al ser proyectos intensivos en capital con periodos de recuperación de diez años o más, y eso hace que sean incompatibles con reglas que se revisan cada doce meses”, afirmó.
Origen de los capitales y estrategia gubernamental
Diego Flores, titular del sector de la Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía, señaló previamente a Expansión que la estrategia del gobierno busca fortalecer gradualmente el uso de proveedores tecnológicos de Norteamérica, aunque aclaró que ello no implicará un desplazamiento inmediato de las soluciones provenientes de China. De concretarse, podría modificarse el origen de las inversiones y proveedores en el despliegue de infraestructura.
De acuerdo con BNamericas, el 54% de la infraestructura de redes 4G en México fue desarrollada con tecnología asiática, principalmente de Huawei, mientras que la red central de Izzi fue construida con tecnología de ZTE, fabricantes chinos con presencia en América Latina.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que agrupa a empresas como AT&T, Megacable, Izzi y Totalplay, no ha emitido comentarios sobre los posibles efectos del nuevo entorno regulatorio y económico en las decisiones de inversión.
En resumen, la evolución de los flujos de capital dependerá de la consolidación del nuevo marco regulatorio, el desempeño económico, la certidumbre en torno al T-MEC y la estrategia gubernamental para el desarrollo de infraestructura tecnológica.
