Las empresas Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable han retirado 1,983 kilómetros de cableado en desuso en la Ciudad de México, lo que equivale a 52 toneladas de infraestructura, como parte de 12,433 intervenciones realizadas hasta julio de este año. Así lo informó la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), que destacó que esta cifra refleja el avance de una política pública orientada a reducir la acumulación de cables obsoletos en los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Un problema creciente en el paisaje urbano
La saturación de postes y el tendido desordenado de cables se han intensificado con la expansión de las redes de telecomunicaciones. En la actualidad, se estima que en la capital existen alrededor de 14,000 kilómetros de cableado, considerando tanto las redes eléctricas como las de servicios de conectividad. Este crecimiento ha generado riesgos para la población y ha transformado el paisaje urbano.
Los trabajos de retiro incluyen únicamente el cableado que ya no presta servicio. Una vez desmontado, el material es trasladado por cada empresa a sus propios centros de acopio, donde se clasifica y recibe el tratamiento correspondiente conforme a la regulación ambiental aplicable.
Incidentes y riesgos asociados
La necesidad de acelerar estas acciones responde también a los incidentes asociados con la infraestructura aérea. Solo durante el año pasado, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió 588 emergencias relacionadas con cableado, mientras que más de 100 postes presentan afectaciones estructurales debido al peso acumulado de las redes de telecomunicaciones.
Ante este escenario, el gobierno capitalino impulsa desde 2022 un programa de reordenamiento de infraestructura aérea que contempla la organización del cableado existente y, en el largo plazo, su migración gradual hacia instalaciones subterráneas.
Presión legislativa para acelerar la regulación
El tema cobró nuevamente relevancia tras el exhorto presentado por la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante, quien solicitó acelerar la emisión del marco regulatorio para ordenar el despliegue de infraestructura. En un punto de acuerdo publicado el 9 de julio en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora exhortó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a acelerar la publicación de normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos para el reordenamiento, retiro y soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo, planteó establecer sanciones para los concesionarios que incumplan con el retiro del cableado fuera de operación.
Regulación aún pendiente
Consultada sobre el tema, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones indicó que el asunto corresponde al ámbito del regulador. Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señaló que revisará el tema antes de emitir una postura oficial. Mientras tanto, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) informó que, debido a que se trata de un proceso regulatorio en curso, no emitirá comentarios adicionales.
No obstante, el organismo empresarial había explicado previamente que el reordenamiento consiste en el ajuste y retiro de cables obsoletos, mientras que el soterramiento de la fibra óptica requerirá coordinación con las autoridades y, en muchos casos, se realizará únicamente en nuevos desarrollos urbanos. “El reordenamiento del cableado se limita al ajuste y retiro de cables obsoletos, mientras que el soterramiento de la fibra óptica requerirá coordinación con las autoridades o se llevará a cabo en nuevos proyectos de desarrollo”, explicó previamente la CANIETI.
El reto del soterramiento: 46,200 millones de pesos
Aunque el retiro del cableado fuera de operación representa un avance para reducir riesgos y liberar carga sobre los postes de la CFE, el mayor reto será migrar la infraestructura aérea hacia redes subterráneas. De acuerdo con estimaciones de la consultora The CIU, soterrar los 14,000 kilómetros de cableado existentes en la Ciudad de México requeriría una inversión aproximada de 46,200 millones de pesos.
Además del elevado costo, especialistas advierten que una transición de esta magnitud podría generar afectaciones temporales en los servicios de conectividad y presiones sobre los costos de despliegue de las redes. Por ello, la migración hacia infraestructura subterránea dependerá de una coordinación entre autoridades, reguladores y operadores, así como de un marco normativo que defina responsabilidades, mecanismos de financiamiento y prioridades de ejecución para un proceso que, por su complejidad técnica y financiera, se extenderá durante varios años.
