La iniciativa de reforma a la Ley Agraria, que avanza en la Cámara de Diputados y el Senado, promete modernizar el campo mexicano al incorporar a los corredores públicos como fedatarios en el régimen de propiedad social. Así lo afirmó el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, Carlos Roberto González, quien detalló los beneficios de esta medida.
Descentralización de servicios legales
Según González, la participación de los corredores públicos permitirá descentralizar los servicios legales, agilizar trámites, reducir costos, ofrecer mejor atención y garantizar la seguridad patrimonial de más de 32 mil núcleos agrarios y comunidades rurales. Durante la conmemoración del 500 aniversario de la Correduría Pública de México, en el Museo Nacional de Antropología, destacó que la propiedad social abarca más del 50 por ciento del territorio nacional y es un pilar fundamental para la economía comunitaria.
Importancia de la propiedad social
“En ella no solo se realizan actividades primarias, que son el primer eslabón de la cadena productiva, sino que también es el lugar donde se llevan a cabo los principales desarrollos de infraestructura del país. Y es precisamente ahí donde, una vez más, el corredor público adquiere una relevancia especial, al ser un profesional del derecho multidisciplinario que, de forma natural, como agente mediador, tiene la capacidad de asesorar legal y financieramente al ejidatario, al comunero y al núcleo ejidal”, indicó González.
Capacidad multidisciplinaria del corredor público
Carlos Roberto González argumentó que, de lo contrario, se requeriría de distintos profesionistas para lograr lo que un corredor público puede hacer, al contar, por ejemplo, con la calidad de perito valuador y conocer las metodologías que rigen al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). “De ahí la necesidad de eliminar las interpretaciones administrativas que surgieron y limitaron indebidamente la participación del corredor en materia agraria, incluso pasando por alto lo que consta en el Diario de los Debates para la promulgación de la Ley Agraria, donde se enfatizó la intervención del fedatario público en un sentido amplio y no de una sola figura en particular”, manifestó.
Historia de la Correduría Pública
Carlos Roberto González, presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, con alrededor de 420 miembros, recordó que el origen de esta figura se remonta a 1526, cuando quedó registrado el primer nombramiento de un corredor en el Libro Primero de Actas de Cabildo de Temixtitán, hoy Ciudad de México. Señaló que desde entonces la correduría pública ha evolucionado junto con el comercio mexicano, adaptándose a los cambios económicos, tecnológicos y legales sin perder su función principal: brindar confianza, legalidad y certeza jurídica en las relaciones mercantiles. “Hoy, la correduría pública sigue ahí, muchas veces invisible, pero indispensable”, subrayó.
Funciones del corredor público
Un corredor público en México es un profesional del derecho y auxiliar del comercio, habilitado por la Secretaría de Economía (SE), cuya versatilidad radica en sus cinco funciones principales: fedatario, valuador, asesor, mediador y árbitro en materia mercantil.
