Corte faculta a UIF para congelar cuentas sin orden judicial; empresarios en alerta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado facultades extraordinarias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitiéndole congelar cuentas bancarias de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa. Esta decisión ha generado una fuerte reacción del sector empresarial mexicano, que advierte sobre graves consecuencias para la estabilidad económica y el clima de inversión en el país.
Advertencias de la Coparmex sobre incertidumbre económica
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Juan José Sierra Álvarez, ha manifestado su profunda preocupación ante esta resolución judicial. El organismo empresarial sostiene que "la inversión depende de la certeza en el entorno institional" y que cuando una autoridad puede restringir recursos financieros sin control judicial previo, se afecta directamente la confianza de inversionistas tanto nacionales como internacionales.
"La certeza jurídica en México no es opcional", declaró la Coparmex en un posicionamiento oficial. "Es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo económico del país." La organización argumenta que esta medida contraviene lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales ratificados por México.
Impacto desproporcionado en las MiPyMEs
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la Coparmex es el impacto desproporcionado que esta resolución tendría sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales representan más del 99% del tejido empresarial mexicano.
"A diferencia de las grandes corporaciones, estas empresas carecen de estructuras jurídicas complejas y reservas financieras suficientes para enfrentar procesos prolongados ante la UIF o los tribunales", explicó la organización. Un bloqueo de cuentas, incluso de carácter cautelar, podría impedir el pago de nóminas, proveedores o créditos, poniendo en riesgo miles de empleos y la viabilidad de numerosos negocios.
Preocupaciones sobre el Estado de derecho y el T-MEC
La Coparmex alertó que esta decisión de la Corte establece un precedente delicado para el Estado de derecho mexicano, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas. La medida podría generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a los afectados en una posición de desventaja para ejercer su defensa legal.
En un contexto particularmente sensible, la organización destacó que esta resolución se produce en medio de las negociaciones sobre la vigencia del T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. "Este escenario resulta especialmente preocupante en el marco de la revisión del tratado y la competencia global por capitales", señaló la Coparmex.
Demandas específicas para subsanar vacíos legales
Ante esta situación, la Coparmex ha realizado un llamado urgente al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para que subsanen los vacíos que deja esta resolución de la Corte. Entre las demandas específicas se encuentran:
- Definir con claridad el estándar mínimo de indicios que justifica un bloqueo de cuentas, mediante criterios objetivos y verificables.
- Establecer un control judicial previo que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de 6 horas, con la condición de que si no existe autorización en ese término, el bloqueo no surta efectos o deba levantarse inmediatamente.
- Fijar un plazo razonable, no mayor a 15 días, para que la autoridad sustente la medida con elementos suficientes dentro de la investigación correspondiente.
- Garantizar la notificación inmediata al titular de las cuentas afectadas, con fundamentos claros que permitan ejercer su derecho a la defensa.
- Crear un régimen de responsabilidad para casos donde existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas por parte de la autoridad.
- Incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades por parte de la UIF.
La organización empresarial concluyó enfatizando que "cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas para apostar por México", un escenario que consideran particularmente preocupante en el actual contexto económico nacional e internacional.
