La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para combatir los abusos cometidos por las aseguradoras en México. La propuesta busca proteger a los usuarios ante prácticas como cancelaciones unilaterales de pólizas, retrasos en el pago de indemnizaciones y cláusulas abusivas en los contratos.
Prácticas abusivas más comunes
Entre las quejas más frecuentes ante la Condusef se encuentran la negativa a cubrir siniestros bajo argumentos técnicos, la cancelación de pólizas sin previo aviso y el incremento desproporcionado de primas al momento de la renovación. Estas prácticas afectan a miles de asegurados en todo el país, quienes en muchos casos desconocen sus derechos o enfrentan procesos largos y costosos para reclamar.
Medidas propuestas
La reforma incluye la obligación de las aseguradoras de notificar con al menos 30 días de anticipación cualquier cancelación de póliza, así como la prohibición de cláusulas que limiten la cobertura de manera ambigua. Además, se establecen plazos máximos para el pago de indemnizaciones, que no podrán exceder los 30 días hábiles una vez presentada la documentación completa. En caso de incumplimiento, las aseguradoras deberán pagar intereses moratorios.
Impacto en los consumidores
De aprobarse, la reforma beneficiaría a más de 50 millones de mexicanos que cuentan con algún tipo de seguro, desde automóviles hasta gastos médicos. La Condusef estima que las quejas por abusos de aseguradoras representan el 15% del total de reclamaciones en el sector, por lo que estas medidas podrían reducir significativamente la conflictividad.
Reacciones del sector
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha manifestado su disposición a dialogar, pero advierte que algunas disposiciones podrían incrementar los costos operativos y, en consecuencia, las primas. Sin embargo, la Condusef sostiene que la prioridad es la protección del usuario y que los ajustes serán graduales para no afectar la estabilidad del mercado.
La iniciativa será discutida en el Congreso en los próximos meses, donde se espera que reciba apoyo de diversas fracciones parlamentarias. Organizaciones de consumidores han celebrado la propuesta y piden que se incluya también la regulación de los seguros de vida y de gastos médicos, donde también se registran abusos.
