La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), logró recuperar 2,594 millones de pesos tras un acuerdo reparatorio gestionado por la Fiscalía General de la República (FGR) con la empresa Topo Chico. El convenio se concretó en días pasados con la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR.
Detalles del acuerdo reparatorio
La regularización fiscal de la empresa fue voluntaria, mediante la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato, informó la Fiscalía. Un Acuerdo Reparatorio es una alternativa legal que permite a un contribuyente acusado de un delito fiscal reparar el daño económico a través de la mediación de la FGR. Su cumplimiento interrumpe la acción penal o la continuación del juicio.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, existen dos tipos de acuerdos reparatorios: inmediato y diferido. El primero cumple con las obligaciones pactadas al momento de la firma; el segundo otorga un plazo no mayor a tres años, durante el cual se suspende el proceso penal mientras se cumplen las obligaciones.
Declaraciones oficiales
"Como resultado de este mecanismo de solución alterna de controversias, la empresa regularizó su situación fiscal y realizó el pago de más de 2,000 millones de pesos, recursos que se incorporan al patrimonio del Estado mexicano en beneficio del pueblo de México", detalló un comunicado de Hacienda, sin especificar el nombre de la compañía.
Por su parte, la FGR señaló: "La formalización de este Acuerdo Reparatorio con la SHCP, representada por la Procuraduría Fiscal, permitió la reparación integral del daño a través de la implementación con eficacia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como instrumentos que favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones, en beneficio del interés público y la procuración de justicia".
Impacto y coordinación institucional
De acuerdo con Hacienda, "este resultado refleja la eficacia de la coordinación institucional entre las autoridades hacendarias y de procuración de justicia, en el marco de las acciones emprendidas en este asunto desde el año 2023 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, privilegiando mecanismos que permiten la reparación del daño al erario de manera pronta y efectiva".
La recuperación de estos recursos fortalece las finanzas públicas y demuestra la efectividad de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia fiscal.
