Banamex advierte sobre riesgos en nueva Ley de Infraestructura en México
La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica busca agilizar proyectos clave en México, pero Banamex ha emitido una advertencia sobre posibles riesgos para las finanzas públicas. Según el análisis de la institución financiera, esta reforma, aunque reduce fricciones administrativas para proyectos priorizados por el gobierno, no aborda los problemas fundamentales de confianza del sector privado, que son cruciales para la inversión.
Cambios clave y preocupaciones fiscales
La ley introduce modificaciones significativas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, flexibilizando el uso del gasto público e incorporando esquemas extrapresupuestarios. Banamex destaca que esto podría elevar la opacidad y la acumulación de pasivos contingentes, especialmente en un contexto de limitado margen fiscal. Entre los cambios principales se encuentran:
- Redefinición del gasto corriente estructural, excluyendo programas sociales y servicios personales en sectores como educación, salud y seguridad.
- Mayor flexibilidad en esquemas mixtos de inversión, incluyendo coinversión y uso de vehículos financieros especializados.
- Posibilidad de iniciar contrataciones sin cumplir plenamente con el principio de suficiencia presupuestaria, lo que podría comprometer recursos futuros.
Estos ajustes, según Banamex, pueden reducir la presión aparente del gasto en indicadores fiscales clave, pero no eliminan las obligaciones reales del presupuesto, afectando la lectura de la posición fiscal sin alterar necesariamente el nivel total del gasto.
Riesgos y contexto económico
Banamex indica que la mayor flexibilidad podría debilitar los controles asociados a esquemas tradicionales de asociaciones público-privadas, diseñados para limitar riesgos como sobrecostos y acumulación de deuda contingente. Además, la reforma se implementa en un entorno donde las finanzas públicas enfrentan presiones estructurales, como pensiones y costo financiero, mientras los ingresos tributarios muestran un crecimiento limitado. La deuda pública ha aumentado de 43.6% del PIB en 2018 a 53.2% en 2025, agravando la situación.
El análisis subraya que, aunque la exposición de motivos de la ley insiste en brindar certeza regulatoria, no aborda obstáculos profundos como la pérdida de confianza del sector privado debido al deterioro de la calidad institucional y el Estado de derecho. "La ley no sustituye las condiciones generales de confianza que son un determinante fundamental de la inversión privada", afirmó Banamex.
Protección del ahorro de trabajadores
Por otro lado, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) aseguró que el ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos se mantiene protegido tras la aprobación de esta ley. El organismo señaló que el sistema opera bajo reglas claras y supervisión regulatoria, sin riesgo de uso discrecional de los recursos. Amafore destacó que:
- Todas las inversiones de las Afores se apegan a la normatividad vigente y están sujetas a la supervisión de la Consar.
- El límite de 30% para instrumentos estructurados, establecido desde octubre de 2024, no se modifica ni amplía con la nueva ley.
- Los comités de inversión analizan cada proyecto de manera independiente, priorizando la seguridad y rentabilidad.
La nueva legislación establece un marco jurídico para estructurar proyectos de infraestructura productiva, pero las Afores participarán solo cuando los proyectos sean rentables y cumplan con criterios técnicos y de riesgo establecidos.
Implicaciones futuras
En resumen, mientras Banamex alerta sobre riesgos fiscales y de opacidad, Amafore tranquiliza sobre la protección del ahorro de los trabajadores. La implementación de esta ley será clave para determinar su impacto real en la inversión y las finanzas públicas de México, en un momento crítico marcado por oportunidades como el nearshoring y desafíos económicos persistentes.
