Vecinos de Guadalajara denuncian acoso inmobiliario por construcción masiva de torres
Residentes y arquitectos de diversas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara, incluyendo las colonias Jardines de la Paz, Providencia y Lafayette, se reunieron para visibilizar una problemática creciente: el acoso inmobiliario ejercido por constructoras durante el desarrollo de grandes proyectos habitacionales.
Un espacio para las voces afectadas
La diputada Mariana Casillas, del partido Futuro y presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, abrió un foro de diálogo con activistas, especialistas y personas directamente perjudicadas. El objetivo fue escuchar los testimonios de quienes han sufrido las consecuencias de vivir al lado de la edificación de torres de departamentos.
El acoso inmobiliario se define como un conjunto de conductas destinadas a forzar la desocupación de un inmueble o deteriorar deliberadamente sus condiciones de habitabilidad. Estas prácticas incluyen:
- Negligencia en el mantenimiento de las propiedades.
- Interrupción intencional de servicios básicos.
- Amenazas verbales o presión legal injustificada.
- Realización de obras contiguas sin las debidas precauciones.
Los efectos de estas acciones trascienden el ámbito privado, generando impactos severos en la salud física y mental, la estabilidad económica de las familias y la cohesión de la vida comunitaria.
Testimonios desgarradores: pérdidas y daños irreparables
Ana Guadalupe Sarabia relató cómo perdió su casa y sus negocios en 2018 en la colonia Lafayette, debido a daños estructurales causados por la constructora Grupo Aravel. Aunque ganó un juicio en su contra, una serie de amparos legales han frenado indefinidamente la reparación del daño.
"Sí quiero que varias personas a las que yo invité hoy también planteen esta villanía tan grande que hay de tantas inmobiliarias que, en un momento determinado, tienen todo el poder y todo el control. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad económica que nosotros no tenemos y no podemos recurrir a eso para defendernos. Yo lo que sí quiero es que existan otros medios más fáciles para nosotros, porque somos violentados y arrojados de nuestras casas", declaró con emoción.
Por su parte, Vera Contreras, residente de la calle Bogotá en la colonia Providencia, expuso su caso en una zona donde actualmente hay 15 torres en construcción. Las obras contiguas han dañado gravemente su vivienda.
"Ellos con su 'mano de chango' (maquinaria) arrancaron los techos de los baños y de mi recámara. Entonces, yo decía 'no es posible, no es posible'. Fue tan estruendoso el ruido, que yo perdí mi oído. Quedé sorda de un oído y el otro quedó arruinado. No me extraña nada de lo que le está pasando a la señora Lupita, porque yo estoy viviendo lo mismo todos los días. Es un acoso", subrayó con firmeza.
Una respuesta legislativa en camino
Ante esta situación, la diputada Mariana Casillas compartió avances de la iniciativa que presentó para incorporar herramientas civiles inmediatas frente a estas prácticas abusivas. La propuesta consiste en una reforma al Código Civil del Estado de Jalisco que busca:
- Reforzar la obligación legal de garantizar el uso o goce pacífico del bien arrendado.
- Definir supuestos específicos de acoso inmobiliario, como:
- Obras o intervenciones sin consentimiento que afecten el inmueble.
- Negarse a realizar reparaciones necesarias.
- Modificar cerraduras o impedir el acceso a la propiedad.
- Negarse a recibir la renta o entregar comprobantes de pago.
- Visitas injustificadas que alteren la tranquilidad de los residentes.
- Prever la aplicación de multas económicas para quienes incurran en estas conductas.
Esta iniciativa legislativa representa un rayo de esperanza para las decenas de familias que, como Ana Guadalupe y Vera, enfrentan diariamente la presión de grandes corporaciones inmobiliarias en Guadalajara y su zona metropolitana.
