PAN impulsa reforma legal para fortalecer seguridad en demoliciones tras tragedia
La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México prepara una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción Integral con el objetivo de establecer requisitos de seguridad más estrictos en los procesos de demolición, luego del colapso mortal ocurrido en marzo de 2026 en el edificio de San Antonio Abad 124.
Detalles de la iniciativa panista
La diputada Lizzette Salgado, junto con el coordinador de la bancada Andrés Atayde, presentará la propuesta que busca modificar el artículo 27 de la ley vigente. "El caso de San Antonio Abad 124 dejó claro que el marco legal tiene vacíos y ambigüedades", explicó Salgado a medios locales.
La reforma establecería como requisitos indispensables para autorizar cualquier demolición:
- Programa de protección civil aprobado
- Proyecto de demolición firmado por un director responsable de obra (DRO)
- Plan de protección de colindancias
- Póliza de responsabilidad civil vigente
Antecedente trágico que motiva los cambios
El 9 de marzo de 2026, el edificio ubicado en San Antonio Abad 124, que se encontraba en proceso de demolición, colapsó completamente. La tragedia resultó en tres trabajadores fallecidos y uno gravemente herido. Investigaciones posteriores revelaron que la empresa encargada de la demolición no contaba con un plan de protección civil adecuado.
Actualmente, el artículo 27 solo establece que las demoliciones deben realizarse "de manera expedita garantizando la seguridad de las personas que habiten los inmuebles colindantes", lo que los legisladores consideran insuficiente.
Ampliación del alcance legal
Salgado destacó que la ley actual solo contempla demoliciones de edificios de casa habitación, por lo que la reforma propone incluir también edificios de oficinas, comercios y otros giros que hayan resultado afectados por el sismo de 2017.
Transparencia y coordinación institucional
La iniciativa panista también plantea importantes cambios en materia de transparencia y coordinación:
- Estadísticas públicas obligatorias: La Comisión de Reconstrucción deberá publicar informes periódicos sobre el número de edificios reconstruidos, con daño estructural, demolidos y pendientes.
- Delimitación de competencias: Se reformará el artículo cuarto para acotar las facultades de la Comisión de Reconstrucción, estableciendo que su función es de coordinación, no de sustitución de atribuciones de alcaldías y otras dependencias.
- Protocolos claros: La Comisión tendrá la obligación de elaborar protocolos que definan las responsabilidades específicas de cada instancia involucrada en los procesos de demolición.
"Actualmente no hay estadísticas públicas al respecto", lamentó Salgado, quien señaló que solo se cuenta con información parcial sobre el estado real de la reconstrucción post-sismo.
Contexto actual de demoliciones pendientes
Tras el colapso en San Antonio Abad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, reveló que aunque se han demolido 48 edificios con alto riesgo de colapso desde el sismo de 2017, aún permanecen en pie diez estructuras con características similares que requieren intervención urgente.
La diputada Salgado enfatizó que "la elaboración de esos protocolos es urgente" y que el objetivo final de la reforma es garantizar que la rapidez en los procesos de reconstrucción nunca comprometa la seguridad de trabajadores y ciudadanos.
