Los despidos en el gobierno federal continúan, dejando a numerosos empleados en la incertidumbre sobre su futuro laboral. En todas las secretarías hay oficinas donde ni siquiera se ha realizado el proceso de entrega-recepción de la administración pasada, y en otras, debido a la falta de claridad sobre la continuidad de algunos programas, los servidores públicos carecen de trabajo.
Un ejemplo es el caso de los 500 trabajadores de Prospera en Veracruz, que no laboran desde hace dos meses. Estos empleados atendían a 600 mil familias beneficiarias del programa en esa entidad, la mayor cobertura junto con Chiapas, y ganaban alrededor de 8 mil pesos mensuales más viáticos. La Secretaría del Bienestar, antes Desarrollo Social, ha eliminado estructuras completas sin considerar perfiles ni desempeño.
En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ocurre una situación similar. El personal contratado por honorarios cuyo contrato venció el 30 de noviembre no fue renovado, sin importar su experiencia o eficiencia. Se estima que una tercera parte de estos servidores públicos, muchos de los cuales habían ingresado por el servicio profesional de carrera, han sido despedidos.
El recorte de técnicos especializados ha provocado errores en documentos oficiales, como las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que indicaban vigencia para el ejercicio fiscal 2018. La parálisis en numerosas áreas es evidente debido al rediseño de estrategias, la elaboración de censos y la reducción de personal.
En la Semarnat, faltan nombramientos como el del subsecretario de Fomento, y direcciones como la de Industria se han reducido a dos personas, mientras que la de Energía y Actividades Extractivas solo cuenta con un empleado. En la Presidencia de la República, la oficina de medios internacionales de Comunicación Social no ha sido entregada a la nueva administración por falta de personal que la reciba.
En la Secretaría de Educación Pública (SEP), expertos en temas educativos, asesores, pedagogos y otros profesionales no fueron recontratados. El titular, Esteban Moctezuma, confirmó que el adelgazamiento de personal de confianza y por honorarios alcanzó el 30 por ciento. Organismos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación despidieron al 40 por ciento de su planta laboral. En la Secretaría de Gobernación, el recorte ha sido de al menos 2 mil plazas, equivalente al 30 por ciento de la plantilla del sector central, según denuncias de trabajadores afectados.
