Proveedores de Nuevo León denuncian presiones por retrasos en pagos del gobierno estatal
Un grupo de proveedores del gobierno de Nuevo León ha levantado la voz para acusar al gobernador Samuel García de utilizar retrasos intencionales en los pagos como una herramienta de presión durante las negociaciones contractuales. Según las denuncias, estas demoras están afectando severamente la liquidez y la operación diaria de las empresas que prestan servicios al estado.
Estrategia de presión denunciada por empresarios locales
Los proveedores, que han preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguran que el gobierno estatal, bajo el mando de Samuel García, ha implementado una estrategia sistemática de retrasos en los desembolsos. Esta práctica, según ellos, no se debe a falta de recursos, sino que es utilizada deliberadamente para obtener concesiones o renegociar términos a favor de la administración.
"Es una forma de ejercer presión económica", comentó uno de los afectados. "Cuando tienes facturas pendientes por meses, tu capacidad de negociación se reduce considerablemente. El gobierno sabe esto y lo explota".
Impacto en la economía local y la confianza empresarial
Las consecuencias de estos retrasos se extienden más allá de las empresas directamente involucradas. La cadena de pagos se ve interrumpida, afectando a empleados, subcontratistas y otros proveedores en una reacción en cadena que puede minar la confianza en el sector público.
- Liquidez comprometida: Las empresas reportan dificultades para cubrir nóminas y obligaciones financieras.
- Incertidumbre operativa: La planificación a largo plazo se vuelve imposible sin certeza en los ingresos.
- Daño reputacional: La percepción de riesgo al trabajar con el gobierno estatal aumenta.
Esta situación se da en un contexto donde Nuevo León busca posicionarse como un hub de inversión y desarrollo económico, lo que hace aún más preocupantes las denuncias de prácticas que podrían disuadir a nuevos proveedores.
Respuesta oficial y reclamos de transparencia
Hasta el momento, la administración de Samuel García no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre estas acusaciones específicas. Sin embargo, en declaraciones anteriores, el gobierno ha mencionado procesos de revisión y austeridad como parte de su gestión financiera.
Los proveedores afectados exigen mayor transparencia y puntualidad en los pagos, argumentando que una relación sana entre el sector público y privado es fundamental para el crecimiento del estado. "No pedimos favores, solo que se cumpla con lo acordado", señaló otro empresario.
El caso ha llamado la atención de cámaras empresariales y organismos de control, quienes podrían investigar si estos retrasos constituyen una práctica irregular o abusiva por parte del gobierno estatal. Mientras tanto, la tensión entre proveedores y la administración de García continúa, con posibles repercusiones para la economía de Nuevo León.
