La política de Internet para Todos impulsada durante el sexenio pasado ha vuelto al centro de la estrategia federal. Ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el gobierno busca aumentar la cobertura de conectividad nacional del 94% al 98% hacia 2030 mediante el Plan Nacional de Cobertura, una iniciativa que coloca nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Altán Redes como actores centrales del despliegue.
Meta oficial y regiones prioritarias
La meta oficial apunta a llevar servicios a 9,000 localidades, principalmente ubicadas en el sur y sureste del país, regiones donde históricamente los operadores privados han mostrado menor presencia debido a la baja rentabilidad comercial. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encargada de coordinar la estrategia, estima que solo este año el objetivo será conectar a 1.4 millones de personas mediante una combinación de espectro en la banda de 600 MHz, soluciones satelitales, subsidios focalizados y expansión de servicios públicos esenciales.
Falta de claridad presupuestal
Sin embargo, el plan arranca con una interrogante relevante para especialistas y participantes del sector: cuánto costará. El documento oficial no incorpora estimaciones públicas sobre la inversión requerida para ejecutar el programa ni detalla cuánto capital será necesario para alcanzar las metas planteadas para este año. Expansión buscó a CFE para conocer su postura sobre el tema, pero hasta el momento de la publicación no recibió comentarios.
Para Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, la ausencia de parámetros presupuestales genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del modelo. “Una empresa paraestatal no enfrenta la misma disciplina que una privada: opera bajo una restricción presupuestaria blanda. Es decir, si pierde dinero, puede esperar que el Estado le transfiera recursos, mientras que una empresa privada que pierde no es sostenible”, aseguró.
Recortes presupuestarios y contexto financiero
Las preocupaciones sobre financiamiento surgen además en un contexto de menor disponibilidad de recursos. El proyecto de conectividad encabezado por la matriz CFE registró para este año una reducción presupuestaria del 87.6% respecto a 2025, de acuerdo con el análisis funcional-programático del proyecto de presupuesto. Los recortes coinciden con un periodo complejo para la operación del programa, marcado por ajustes internos de plantilla, una desaceleración en el despliegue de infraestructura y reportes de adeudos con proveedores.
Relación CFE-Altán y riesgos compartidos
La estrategia gubernamental también depende de una relación cada vez más estrecha entre CFE Telecomunicaciones y Altán Redes. Actualmente, ambas compañías operan con una estructura que especialistas describen como una red espejo, es decir, utilizan infraestructura compartida y mantienen coberturas similares, por lo que cualquier freno en el despliegue de una impacta directamente a la otra. La colaboración tomó mayor fuerza tras la salida de Altán de concurso mercantil en 2022, cuando ambas compañías consolidaron acuerdos de compartición de infraestructura. Fuentes con conocimiento del sector señalaron que aproximadamente el 70% de los ingresos de Altán terminan vinculados a la relación comercial con CFE, una dependencia que incrementa la exposición financiera de ambas operaciones.
Dimensiones de la apuesta estatal
Las cifras operativas muestran la dimensión de la apuesta estatal. Hasta octubre, CFE Telecomunicaciones reportó 6,107 torres a nivel nacional, de las cuales 5,138 están activas, 670 construidas y 299 permanecen en proceso de construcción. Para Tovar, concentrar la expansión de conectividad en empresas públicas traslada buena parte del riesgo económico a las finanzas gubernamentales. “Altán ya tuvo problemas de sostenibilidad antes de pasar a manos públicas. Si el plan descansa mayoritariamente en estas paraestatales, esos déficits recurrentes se vuelven una obligación de gasto público que crece de forma inercial, presionando finanzas que ya enfrentan ingresos limitados e inercias en los múltiples objetos de gasto”, advirtió.
Competencia bajo presión
La nueva etapa del plan también genera inquietud entre pequeños operadores regionales, particularmente aquellos que durante años desarrollaron infraestructura en comunidades desatendidas por los grandes jugadores del mercado. La preocupación radica en que el papel prioritario asignado a CFE podría alterar las condiciones competitivas en territorios donde operadores independientes han construido modelos de negocio de baja escala. Por un lado, la empresa estatal podría ofrecer tarifas difíciles de replicar para competidores privados gracias a subsidios cruzados o respaldos financieros públicos. Por otro lado, la necesidad de generar ingresos para sostener la expansión podría empujar a CFE a competir en mercados donde ya existen operadores consolidados.
“El problema es que ahí el Estado deja de ser solo regulador y árbitro del mercado para volverse competidor. La frontera entre llevar internet donde nadie llega y competir donde sí podría llegar el privado es justamente la que hay que vigilar”, señaló Tovar.
Conclusiones y perspectivas
El éxito del Plan Nacional de Cobertura no solo dependerá de su capacidad para llevar internet a las comunidades que aún permanecen desconectadas, sino también de que el gobierno defina mecanismos claros de financiamiento, rendición de cuentas y evaluación de resultados. De lo contrario, advierten especialistas, la apuesta por un modelo encabezado por CFE y Altán podría terminar abriendo nuevos cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el equilibrio competitivo en un sector clave para el desarrollo económico y digital del país.
