Coparmex advierte riesgo a la inversión tras fallo de SCJN sobre bloqueos de cuentas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el pasado 6 de abril que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa, siempre que existan indicios de delitos. Esta decisión, tomada por mayoría de seis votos, ha desatado una profunda preocupación en el sector empresarial mexicano. Este 9 de abril, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la medida debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la inversión en el país, generando incertidumbre entre los actores económicos.
SCJN avala bloqueo de cuentas sin orden judicial
La resolución del máximo tribunal valida una reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo a la UIF incluir a personas y empresas en listas de cuentas bloqueadas como medida cautelar, incluso sin una orden judicial previa. Esto aplica cuando existen "indicios suficientes" de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que el bloqueo no es un castigo penal, sino una acción preventiva para proteger el sistema financiero. Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que la medida debe basarse en datos verificables para evitar abusos.
Debate en la Corte por falta de criterios claros
La decisión generó posturas encontradas dentro de la propia SCJN. Algunos ministros alertaron sobre la ausencia de criterios claros para determinar los "indicios suficientes", lo que podría derivar en afectaciones al patrimonio de personas y empresas sin una resolución judicial previa. También se advirtió que el bloqueo podría impedir el uso de recursos de manera indefinida, generando efectos similares a una sanción antes de comprobar responsabilidades, lo que socava los principios de justicia y transparencia.
Coparmex alerta riesgo para inversión y empleo
Tras el fallo, la Coparmex expresó su preocupación, señalando que permitir el bloqueo de cuentas sin control judicial previo genera incertidumbre y afecta la confianza para invertir en México. El organismo destacó que este tipo de medidas impactan directamente en la actividad económica, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial nacional. Según su posicionamiento, un bloqueo de cuentas puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo la operación de los negocios y, por ende, los empleos de miles de mexicanos.
Incertidumbre para inversionistas en México
La Coparmex advirtió que cuando una autoridad puede restringir recursos sin reglas claras ni control judicial previo, se eleva la percepción de riesgo entre inversionistas nacionales e internacionales. Esto cobra especial relevancia en un contexto de competencia global por capital y dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde la certeza jurídica es un factor clave para atraer inversión. La falta de garantías podría desincentivar la llegada de nuevos capitales, afectando el crecimiento económico del país.
¿Qué propone la Coparmex tras la decisión?
Ante este escenario, el organismo empresarial pidió al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias tomar medidas urgentes para mitigar los riesgos. Sus propuestas incluyen:
- Definir criterios claros y objetivos para justificar los bloqueos de cuentas.
- Establecer un control judicial previo en un plazo máximo de 6 horas desde la implementación de la medida.
- Limitar la duración de la medida cautelar para evitar afectaciones prolongadas.
- Garantizar una notificación inmediata a los afectados, asegurando su derecho a la defensa.
- Crear mecanismos de responsabilidad y transparencia para supervisar el uso de esta facultad.
El objetivo, según la Coparmex, es evitar el uso discrecional de esta herramienta y proteger la certeza jurídica, fundamentales para un entorno económico estable y atractivo para la inversión.
