Denuncian extorsiones del exalcalde de Tequila a industriales de Jalisco
El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones, confirmó públicamente que el exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no solo extorsionó a productores tequileros desde el ayuntamiento, sino que también extendió estas prácticas ilícitas a empresarios de otros sectores industriales. Esta declaración surge como respuesta directa a las negaciones de la presidenta municipal interina, Lorena Rodríguez Rivera, quien al asumir el cargo afirmó que no existían extorsiones por parte de la autoridad municipal hacia los industriales.
Más de una decena de reportes recibidos
Lancaster-Jones reveló que el organismo que representa recibió más de una decena de reportes formales de empresarios que se encontraban bajo presión y extorsión por parte de las autoridades municipales anteriores. "Sí hubo y hay que hablarlo; personalmente tuve que ver temas de otro tipo de industria que no necesariamente es la tequilera", afirmó el dirigente empresarial, destacando que esta información fue canalizada oportunamente al gobierno estatal de Jalisco.
Sin especificar nombres de empresas o ramos industriales afectados, el presidente del CCIJ aseguró que desde la cámara se presentaron denuncias ante las autoridades correspondientes. No obstante, reconoció que desconoce si cada una de las empresas perjudicadas dio seguimiento legal para ratificar sus demandas, lo que podría complicar los procesos judiciales en curso.
Crisis en la comisaría de seguridad municipal
En paralelo a estas revelaciones, el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, expuso la grave situación que enfrenta la Comisaría de Seguridad de Tequila tras el arresto del exalcalde y otros tres funcionarios, incluido el excomisario. Durante una revisión exhaustiva, se detectó que:
- Siete elementos policiales dejaron de presentarse a laborar y actualmente se encuentran ilocalizables.
- 30 elementos de la corporación municipal estaban trabajando sin haber aprobado los controles de confianza obligatorios.
De estos 30 agentes, 14 ya no tienen oportunidad de ser reevaluados y serán dados de baja administrativa, mientras que los 16 restantes serán sometidos a una nueva evaluación para determinar su permanencia en el cuerpo policial.
Refuerzo de seguridad y llamado a la certidumbre
Ante esta crisis institucional, el secretario Hernández informó que para reforzar las labores de vigilancia en el municipio se han desplegado 200 elementos de diversas corporaciones estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad pública mientras se normaliza la situación.
Por su parte, Antonio Lancaster-Jones hizo un llamado enfático a la presidenta municipal interina, Lorena Rodríguez Rivera, para que "de certidumbre jurídica y garantice la seguridad en el municipio", subrayando la necesidad de restaurar la confianza de la comunidad empresarial y ciudadana en las instituciones locales.
Este caso pone en evidencia los desafíos de gobernabilidad y seguridad que enfrentan algunos municipios de Jalisco, donde las prácticas de extorsión desde el poder público pueden afectar significativamente el desarrollo económico y la confianza inversionista en la región.
