Más de 650 empresas en México, incluyendo Mabe y FEMSA, se han comprometido con la contratación inclusiva de personas refugiadas, especialmente en el corredor industrial del centro y norte del país. Sin embargo, la suspensión de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) desde octubre de 2023 ha creado un obstáculo crítico para que miles de solicitantes de asilo accedan a un empleo formal y otros derechos.
La crisis de documentación
Desde 2019, México ha recibido 600,000 solicitudes de asilo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Solo en 2025, el país registró 70,500 solicitudes, colocándose entre los 10 principales países del mundo en nuevas solicitudes. Tapachula, en la frontera sur, sigue siendo la puerta de entrada principal, con el 42% de las solicitudes, mientras que el 30% se realizan en la Ciudad de México. En los estados del norte, las solicitudes aumentaron un 56% respecto a 2024. El 82% de los solicitantes provienen de Cuba, Venezuela o Haití, países que enfrentan crisis humanitarias urgentes.
La TVRH, un documento clave que permite a los solicitantes de asilo trabajar formalmente mientras esperan la resolución de su caso, ha visto una drástica reducción en su emisión. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, en 2023 se entregaron 94,829 TVRH; en 2024 solo 618; y hasta julio de 2025, 1,918. Esto representa una disminución del 99.3% entre 2023 y 2024, y de aproximadamente el 98% para 2025.
Impacto en el empleo y la inclusión financiera
La falta de la TVRH obstaculiza el acceso a derechos básicos, especialmente al empleo formal durante el trámite de asilo. “Las personas tienen que subsistir por sus propios medios durante el tiempo que están en el trámite sin la documentación, lo que les orilla a veces a trabajar en el sector informal. Esa transición del sector informal al formal se va dificultando conforme va pasando más tiempo”, explicó Maria Echandi, directora asociada de Soluciones Duraderas de ACNUR México.
Esta vulnerabilidad documental expone a los refugiados a riesgos como explotación laboral, robo de salarios, extorsión e incluso trata de personas. Además, la carencia de la TVRH retrasa la obtención de la CURP y la revalidación de estudios, limitando la capacidad de demostrar competencias académicas o técnicas ante empleadores formales.
El acceso a cuentas bancarias es otro desafío. Aunque la legislación permite abrir cuentas nivel uno y dos con la tarjeta migratoria o la CURP, muchas instituciones financieras exigen pasaporte, un documento que muchos refugiados no poseen al haber cortado lazos con su país de origen. “Las instituciones financieras no necesariamente tienen productos que permitan su apertura si no presentan otro documento como es el pasaporte”, señaló Echandi. No obstante, algunos bancos han implementado buenas prácticas: Banco Dondé abrió más de 1,500 cuentas para personas refugiadas, y Banorte cerca de 12,000 desde 2022.
Revalidación de estudios y desconocimiento empresarial
La revalidación de estudios superiores es compleja. México ha flexibilizado criterios, como no exigir apostilla en muchos casos, pero el proceso sigue siendo difícil. “Si se trata de educación básica o media hay una ruta relativamente sencilla. Es más complejo cuando se trata de estudios superiores, porque influyen la equivalencia de estudios y la revisión de las universidades”, explicó Joselin Barja, asociada senior de Soluciones Duraderas de ACNUR México.
El desconocimiento de los empleadores sobre los documentos válidos para dar de alta a extranjeros en el SAT o el IMSS también frena la contratación. Muchas empresas se acercan a ACNUR o la COMAR en busca de asesoría. A pesar de estos obstáculos, más de 650 empresas se han comprometido con la contratación inclusiva de refugiados. Según ACNUR, la retención y permanencia de los refugiados en los puestos es mayor, con mejor ausentismo laboral y mayor disponibilidad para horas extras, además de que aportan diversidad a la cultura interna de las empresas.
