El Congreso de la Ciudad de México iniciará el análisis de la reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles, impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. El proyecto de decreto será turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda para su estudio y dictaminación.
La iniciativa propone establecer en la Constitución local que los precios de las rentas no puedan subir por arriba de la inflación, con el objetivo de evitar incrementos desproporcionados en el costo de la vivienda. También incorpora la obligación del gobierno de formular una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, así como mecanismos para facilitar el acceso a estos inmuebles.
Otro eje central es la implementación de medidas para reducir los efectos negativos de la gentrificación, fenómeno que ha presionado los precios de renta en distintas zonas de la capital. La iniciativa plantea la creación de una institución pública dedicada a la promoción y defensa de los derechos y obligaciones en las relaciones con los inquilinos, y reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario.
Según el gobierno capitalino, la gentrificación ha derivado en la expulsión de más de 20,000 familias. El diagnóstico de la reforma también señala un rezago estructural en la política habitacional: desde hace 25 años, el promedio de hogares sin vivienda se ha mantenido en 42,000.
Legisladores de oposición, como la diputada Olivia Garza del PAN, solicitaron que la iniciativa sea sometida a una consulta pública para brindar transparencia, argumentando que la ley afecta a pequeños propietarios que dependen de los ingresos por renta.
