La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó resolver el litigio que enfrenta a la Fiscalía General de la República (FGR) con empresas particulares por la propiedad de terrenos e inmuebles en Santa Fe, Naucalpan. Por mayoría de seis votos contra tres, el Pleno de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción sobre el caso, a petición de la FGR.
La disputa legal, que lleva cinco años, se centra en determinar si los predios pertenecen a la nación o a particulares. La FGR sostiene que los terrenos fueron expropiados en 1907 por decreto de Porfirio Díaz y en 1974 por decreto del presidente Luis Echeverría Álvarez, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En contraste, la empresa Inmobiliaria F4, S.A. de C.V., defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018, conforme a otro decreto del DOF.
El caso se originó en octubre de 2020, tras una denuncia anónima que acusaba a una empresa y particulares de vender de forma irregular terrenos federales en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón. La FGR abrió una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, que en 2022 amplió a uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de parte del predio.
Sin embargo, el 15 de noviembre de 2024, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, concedió un amparo a las empresas Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, impidiendo a la FGR tomar posesión del inmueble. La resolución se basó en un decreto de 2018 que regularizó dos fracciones del terreno a favor de Juana Reséndiz Vázquez. La jueza concluyó que el aseguramiento carecía de fundamentación y motivación.
La FGR impugnó la sentencia y solicitó a la SCJN atraer el caso para una decisión definitiva. Los ministros Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía votaron en contra de la atracción. El expediente 235/2025 será resuelto por la Corte, que determinará la propiedad de los terrenos en disputa.
