Suprema Corte establece gratuidad en cursos de titulación para la UNAM
En una decisión histórica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que todos los cursos obligatorios para el proceso de titulación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberán ser completamente gratuitos. Esta resolución, aprobada por una mayoría de siete votos, busca dar cumplimiento al primer párrafo del Artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a una educación gratuita en todos los niveles.
Impacto financiero y protección estudiantil
La medida tendrá un impacto significativo en las finanzas de la Máxima Casa de Estudios, ya que a partir de su entrada en vigor, la UNAM dejará de percibir ingresos por los cursos extracurriculares que imparte como requisito para la titulación de sus estudiantes. Además, con esta resolución, todos los estudiantes que se amparen en contra del pago de dichos cursos podrán recibir la protección de jueces, fortaleciendo sus derechos educativos.
El proyecto fue elaborado por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien respaldó la iniciativa para garantizar la gratuidad en la titulación. En la sesión, se resolvió el amparo en revisión 527/2025, promovido por un estudiante de la licenciatura en Derecho en la modalidad de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Antecedentes del caso
El estudiante involucrado realizó el 1 de marzo de 2025 un pago de 3 mil pesos por el Curso de Comprensión de Lectura, necesario para liberar el requisito de titulación de los Planes de Estudio 2117 y 2125, impartido por la Coordinación de Idiomas de la Facultad. Argumentó que este cobro era discriminatorio y vulneraba su derecho a una educación superior gratuita.
Inicialmente, el amparo fue negado por un juez que consideró que no había omisión en garantizar el aprendizaje de una lengua extranjera y que el cobro no contravenía la gratuidad en la educación superior. Sin embargo, la Suprema Corte revocó esta decisión, estableciendo un precedente importante para futuros casos similares.
Esta resolución subraya el compromiso del sistema judicial mexicano con la protección de los derechos educativos y podría influir en políticas similares en otras instituciones de educación superior del país.
