La promesa incumplida: cuando el acceso educativo no garantiza movilidad social
Mi experiencia personal refleja una realidad que miles de jóvenes mexicanos enfrentan. Originario de la Ciudad de México, estudié en instituciones privadas hasta decidir cursar mi licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En las aulas compartí espacio con compañeros de diversos estados del país, muchas mujeres, y varias de ellas eran las primeras en sus familias en llegar a la educación superior. Durante cuatro años compartimos lecturas, festejos, desvelos y esa pregunta recurrente que surge al finalizar la carrera: ¿qué sigue ahora? Creíamos estar en el mismo punto de partida, pero la realidad demostraría que no era así.
La fragmentación del horizonte compartido
Al concluir los créditos académicos, nuestro camino común comenzó a dividirse. Personalmente, tardé año y medio en finalizar el servicio social y redactar mi tesis, mientras gestionaba en paralelo mi ingreso a un posgrado en el extranjero. Fueron meses de reunir decenas de documentos, solicitar cartas de recomendación, completar formularios y buscar becas. Durante ese período, conté con respaldo económico y emocional familiar, hasta recibir la carta de aceptación e iniciar la maestría en septiembre del año pasado. Hasta la fecha, somos pocos los miembros de mi generación que hemos obtenido el título profesional, y ciertamente no por falta de talento. La universidad pública puede ampliar el acceso, pero no neutraliza las desigualdades que determinan quién logra sostenerse hasta el final.
Los datos que confirman la intuición
Esta percepción encuentra sustento en las cifras más recientes. El informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma algo que en México se vive cotidianamente: el problema educativo no es únicamente de acceso, sino de trayectoria completa. No basta con ingresar al sistema; importa quién logra permanecer, concluir y capitalizar ese recorrido académico.
Cuando hablamos de desigualdad educativa, existen dos niveles mediante los cuales opera:
- Las oportunidades: quién logra llegar a cada peldaño del sistema educativo.
- Los resultados: qué calidad tiene lo que se recibe y qué tan efectivamente se traduce en estabilidad laboral, ingresos dignos y movilidad social ascendente.
Por ejemplo, en 2023 las mujeres representaron más de la mitad (53%) de los nuevos ingresos a la educación superior en México. Las oportunidades, en ese sentido, parecen haberse ampliado significativamente. Sin embargo, esa mayor presencia en las aulas no se traduce automáticamente en igualdad de resultados, pues en el mercado laboral persiste una brecha salarial del 20% (es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 80 pesos).
El punto de partida restrictivo
Si el desenlace muestra asimetrías evidentes, el punto de partida es todavía más restrictivo: la desigualdad educativa no comienza en la universidad, se instala mucho antes. En México, cuatro de cada diez jóvenes de 25 a 34 años no han concluido la educación media superior. Aunque esta cifra ha mejorado respecto a años previos, continúa siendo estructuralmente alarmante, pues la preparatoria funciona como un umbral decisivo en nuestro país: quien no lo cruza enfrenta mayores probabilidades de insertarse en el empleo informal, con ingresos bajos y trayectorias laborales marcadas por la inestabilidad.
El recorrido incierto incluso dentro de la universidad
Ahora bien, incluso entre quienes logran ingresar a la educación superior, el recorrido es incierto y lleno de obstáculos. En México, menos del 14% de quienes acceden a la universidad concluyen con un título profesional, a diferencia del promedio del resto de los países de la OCDE (70%), revelando que, en nuestro contexto nacional, el acceso no equivale a permanencia y mucho menos a conclusión exitosa. La universidad no es solo una puerta de entrada; es un trayecto que exige condiciones materiales y simbólicas para sostenerse hasta el final.
El peso determinante del origen familiar
En este sentido, el origen familiar adquiere un peso determinante en el destino académico. Los datos muestran que cuando los padres del estudiante no completaron la preparatoria, las probabilidades de que este obtenga un título universitario disminuyen drásticamente. En promedio, solo 26% lo logra. En contraste, cuando al menos uno de los padres cuenta con educación superior, esa proporción asciende a 70%. Es decir, no se trata únicamente de ingresos económicos, sino también de capital cultural acumulado, redes de apoyo efectivas, información sobre cómo navegar el sistema educativo y la posibilidad de dedicar tiempo al estudio sin la presión inmediata de generar ingresos para subsistir.
La dimensión política: inversión pública decreciente
A esta transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas se suma una dimensión estrictamente política: la inversión pública en educación. Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante en México disminuyó considerablemente, y la proporción del presupuesto público destinada a educación también se redujo (del 15.8% a 13.2%). En un sistema caracterizado por profundas brechas estructurales, una reducción en el financiamiento es verdaderamente trágica, pues se traduce en menos recursos para acompañamiento académico personalizado, infraestructura adecuada, apoyos económicos oportunos y demás mecanismos de retención estudiantil efectivos.
Un patrón coherente de desigualdad
Si se consideran en conjunto estos elementos —la exclusión temprana en la preparatoria, la baja eficiencia terminal en la universidad, el peso determinante del origen familiar y la reducción progresiva en la inversión pública— emerge un patrón coherente y preocupante: la educación en México ofrece acceso, pero no garantiza trayectoria completa ni resultados equivalentes para todos. Funciona como una promesa de movilidad social que se cumple de manera selectiva y desigual.
Replanteando el debate educativo
Por ello, el debate nacional no debería limitarse a cuántos jóvenes logran ingresar al sistema educativo, sino a qué condiciones hacen posible que quienes entran puedan permanecer y concluir exitosamente. Mientras el nivel educativo de los padres continúe siendo uno de los mejores predictores del destino académico de sus hijos, y mientras la probabilidad de titularse dependa en gran medida de los recursos disponibles fuera del aula, la educación no estará rompiendo el vínculo entre origen y destino. Estará, más bien, administrándolo y reproduciéndolo.
Qué se puede hacer: estrategias concretas
Cuando la desigualdad se concentra en el acceso, la política pública debe intervenir en el acceso; cuando se manifiesta en la permanencia, la respuesta debe orientarse a sostener las trayectorias completas. En términos generales, las estrategias para lograrlo suelen agruparse en dos grandes tipos:
- Cuotas o metas de admisión: Conocidas muchas veces como Ley de Cuotas, en las que el Estado interviene para reconfigurar quién llega a las aulas universitarias.
- Apoyos focalizados: Económicos, de infraestructura educativa o de vivienda estudiantil.
En este marco, la discusión en México se puede concentrar en cuatro frentes prioritarios que no necesariamente implican inventar nuevos programas, sino replantear cómo operan —y para quién— los existentes:
Primero, financiamiento verdaderamente progresivo y transparente. El problema no es solo que el presupuesto educativo sea insuficiente, sino que su distribución suele beneficiar desproporcionadamente a instituciones con mayor capacidad de gestión y lobby político. Si las escuelas con mayores tasas de deserción reciben proporcionalmente menos recursos o apoyos inestables, el sistema reproduce las brechas que dice combatir. Priorizar a quienes más lo necesitan es una condición mínima para que el gasto público tenga sentido redistributivo real.
Segundo, becas diseñadas para sostener trayectorias completas. Muchos apoyos funcionan como incentivo de entrada al sistema, pero con frecuencia la deserción ocurre a mitad del camino académico. Cuando el costo del transporte, los materiales educativos, la alimentación o la conectividad digital se vuelve insostenible económicamente, el abandono no es una decisión académica, sino una consecuencia económica inevitable.
Tercero, mecanismos de admisión que reconozcan el contexto socioeconómico. En la práctica, ningún sistema de admisión es neutral u objetivo. Las universidades públicas ya operan con reglas que favorecen ciertas trayectorias escolares sobre otras. Incorporar criterios que consideren el entorno socioeconómico o el tipo de escuela de procedencia no implica "bajar estándares académicos", sino reconocer honestamente que el desempeño académico está condicionado por oportunidades previas desiguales. Si el punto de partida no es el mismo para todos, tratar a todos como si lo fuera solo consolida ventajas acumuladas históricamente.
Y por último, inversión sostenida y prioritaria en educación inicial. La evidencia científica es consistente y contundente: las brechas educativas se abren temprano y se amplían con el tiempo. Corregir desigualdades a los 18 años es mucho más costoso y menos efectivo que prevenirlas desde los primeros años de vida. Universalizar servicios de calidad en la primera infancia no es un gasto apresurado, sino una política estructural fundamental de movilidad social a largo plazo.
Una discusión política, no solo técnica
Al final, la discusión sobre educación en México no es solamente técnica, sino también profundamente política. Si el país quiere hablar en serio de movilidad social ascendente, debe romper definitivamente el vínculo entre origen socioeconómico y destino educativo. La diferencia entre titularse o abandonar, entre aspirar a un posgrado o quedarse a mitad del camino, rara vez es solo una competencia de talento individual. Es, sobre todo, una competencia desigual de condiciones materiales y simbólicas. La educación puede ser una escalera hacia mejores oportunidades, pero mientras 4 de cada 10 jóvenes no logren terminar la preparatoria, y 8 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad no consigan titularse, seguirá funcionando más como filtro excluyente que como puente incluyente hacia la movilidad social.
