El rol crucial de las universidades en las políticas públicas: De la crítica a la colaboración
En los últimos años, el debate público en México ha girado en torno a un concepto fundamental: los contrapesos. Este término surge frecuentemente en discusiones sobre la independencia de organismos públicos, el Poder Judicial o la autonomía institucional. Incluso, en ocasiones, se ha asociado erróneamente con periodos políticos pasados, como el llamado neoliberal. La premisa básica es clara: los contrapesos existen para prevenir abusos de poder. Sin embargo, en un contexto de creciente polarización política, su significado se ha distorsionado, confundiéndose a menudo con una oposición automática y sistemática.
Contrapeso versus oposición: Una distinción esencial
En la conversación pública y en ciertos ámbitos políticos, se ha interpretado el contrapeso como un simple "no" a cualquier acción gubernamental. No obstante, en realidad, un contrapeso democrático no está diseñado para bloquear o confrontar por principio. Su función primordial es equilibrar el poder democrático, observando, analizando, cuestionando y exigiendo explicaciones cuando las decisiones públicas carecen de claridad o cuando los resultados no cumplen con lo prometido.
No debemos confundir contrapeso con oposición; la diferencia es crucial. El rol de un opositor es aspirar a sustituir al gobierno y demostrar que podría gestionar mejor. En cambio, un contrapeso no compite por el poder; busca que el poder se ejerza de manera responsable y genere beneficios para la población. Su papel implica poner las cartas sobre la mesa, exigir transparencia, claridad en las decisiones, evaluación rigurosa, mejores resultados y rendición de cuentas. Pero va más allá: contribuir a que las instituciones mejoren, no solo señalando errores, sino también ayudando a construir soluciones. Y en esta tarea, hay un actor que a menudo pasa desapercibido: las universidades.
La universidad como conciencia crítica y agente de cambio
Tradicionalmente, el papel de la universidad frente al poder público ha sido el de un observador crítico. Su función ha incluido generar conocimiento, formar profesionales y analizar los grandes problemas sociales. Durante mucho tiempo, esto se entendió como una labor principalmente intelectual: investigar, publicar y debatir ideas. Sin embargo, el mundo ha cambiado, y ya no es suficiente. Hoy, problemas públicos como la pobreza, la desigualdad, la violencia y el cambio climático son demasiado complejos para resolverse únicamente desde la política o la academia.
Se ha hecho evidente que el conocimiento académico no puede permanecer aislado de la realidad; las investigaciones adquieren mayor relevancia cuando influyen en decisiones que afectan la vida de las personas. Asimismo, la evidencia, los datos y el análisis riguroso se han vuelto indispensables para diseñar políticas públicas efectivas. Por ello, es conveniente que las universidades adopten un rol más activo en las políticas públicas, no solo generando conocimiento, sino también buscando incidir en las decisiones públicas. Esto no significa sustituir al gobierno, sino conectar el conocimiento con la acción pública, yendo más allá de simplemente poner el conocimiento al servicio del interés público.
De la vigilancia a la colaboración: Un nuevo paradigma
La relación entre academia y gobierno ha adoptado diversas formas a lo largo del tiempo. En algunos casos, predomina un enfoque de vigilancia y control social, donde las universidades y organizaciones analizan políticas públicas, denuncian irregularidades o documentan fallas institucionales. Este enfoque ha sido fundamental para combatir la corrupción, defender derechos y exigir transparencia.
Pero este no es el único modelo posible. En los últimos años, ha surgido la idea de impulsar una mayor colaboración para mejorar las políticas públicas, conectando la evidencia con la acción pública. En este enfoque, la universidad no solo critica o supervisa; también produce datos, evalúa programas, prueba soluciones y acompaña a las instituciones en la implementación de intervenciones. Pasamos de una lógica de estudiar fenómenos desde la trinchera a una de cogeneración de conocimiento.
Afortunadamente, ya existen múltiples ejemplos en el mundo: iniciativas de gobierno abierto, presupuestos participativos, centros de evidencia, laboratorios de políticas públicas, consejos consultivos y comités técnicos, entre otros. Todos han surgido de la interacción entre academia, sociedad civil y gobierno.
La evidencia como derecho ciudadano y el papel de la universidad
Las democracias contemporáneas enfrentan un problema silencioso: muchas decisiones públicas se toman con información incompleta, datos débiles o diagnósticos basados más en intuiciones políticas que en evidencia verificable. En contextos de alta polarización, esta tendencia se agrava, y las políticas públicas terminan guiadas por narrativas, presiones coyunturales o cálculos electorales de corto plazo, relegando datos y evidencia a un segundo plano.
Gobernar bien exige más que voluntad política; requiere conocimiento e información que permita entender qué políticas funcionan y cuáles no. Por eso, el papel de la evidencia se ha vuelto central para las democracias del siglo XXI. Datos confiables, evaluaciones rigurosas y análisis independientes permiten responder preguntas decisivas: ¿qué programa funciona mejor para reducir la pobreza?, ¿la estrategia de seguridad disminuye la delincuencia?, ¿la política educativa genera mejores aprendizajes? Sin esta información, las políticas públicas corren el riesgo de convertirse en experimentos improvisados.
En este contexto, emerge una idea que debería ocupar un lugar central en el debate público: la evidencia es también un derecho ciudadano. Así como los ciudadanos tienen derecho a la información pública, también deberían tener derecho a que las decisiones que afectan sus vidas se basen en información verificable y análisis serio. Esto implica que las decisiones públicas y la información sobre intervenciones sean accesibles, comprensibles y verificables, sin manipulación para justificar decisiones previamente tomadas.
Es aquí donde la universidad puede desempeñar un papel fundamental como puente entre el conocimiento técnico y la acción pública. Este puente es más necesario que nunca, ya que muchos estudios rigurosos terminan archivados en bibliotecas o en revistas especializadas con lenguaje inaccesible para responsables de políticas públicas o ciudadanos. La evidencia se produce, pero no siempre se utiliza. Por ello, uno de los grandes retos de la academia contemporánea es conectar el conocimiento con la acción pública. Cuando esto ocurre, se genera aprendizaje institucional, y las políticas públicas dejan de ser respuestas improvisadas para convertirse en procesos de mejora continua basados en evidencia disponible.
Redefiniendo el papel de la universidad en la democracia
Este cambio redefine el papel de la universidad dentro de la democracia. Durante mucho tiempo, el contrapeso académico se expresó principalmente a través de la crítica, un papel necesario y saludable para cualquier sistema democrático. Pero hoy sabemos que criticar no basta; la complejidad de los problemas públicos exige construir soluciones colectivas. Esto implica pasar de un contrapeso meramente vigilante a una rendición de cuentas colaborativa, donde el conocimiento contribuye a mejorar las decisiones públicas sin renunciar a su independencia crítica.
Cuando academia, gobierno y sociedad civil logran trabajar juntos, se amplían las posibilidades de diseñar políticas más efectivas, transparentes y responsables. El objetivo final es simple y claro: mejorar las políticas públicas. Las democracias del siglo XXI necesitan contrapesos institucionales, sí, pero también espacios de aprendizaje colectivo donde el conocimiento se convierta en acción pública. Porque, en última instancia, el verdadero contrapeso de una democracia es su capacidad de aprender, corregir y mejorar.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx. El autor es miembro del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide).
