El llamado "Cártel del Despojo" ha generado en la Ciudad de México casi dos mil carpetas de investigación en apenas seis meses, un fenómeno que evidencia una grave crisis en la certeza jurídica patrimonial. Esta red delictiva, que opera de manera coordinada desde 2023, se ha apoderado de inmuebles en colonias de alta plusvalía mediante el uso de grupos de choque y artimañas legales, de acuerdo con denuncias de vecinos y organizaciones del sector. La cifra, equivalente a más de diez denuncias diarias, refleja la magnitud del problema que enfrentan las autoridades capitalinas.
Operación en colonias de alta plusvalía
Las colonias afectadas incluyen Matías Romero y Patricio Sanz, en la alcaldía Benito Juárez, así como Roma Norte, Condesa, Escandón y Xoco. En estos puntos, los grupos de choque son señalados por ocupar violentamente predios, cambiar cerraduras de manera arbitraria y amedrentar a los propietarios. Los residentes han documentado decenas de casos donde las víctimas pierden el acceso a sus bienes sin una orden judicial, mientras las autoridades locales permanecen pasivas ante las quejas.
El liderazgo legal y estratégico de la red recae en el litigante Arturo Aparicio Velázquez, también conocido como el "Mago Makartur". Aparicio promueve en redes sociales la ocupación ilegal de bienes como una supuesta "defensa comunitaria" contra la gentrificación, mientras impulsa una estrategia de amparos masivos para congelar licencias de construcción y detener obras en la capital. Sus acciones han sido señaladas por decenas de afectados que lo acusan de operar con total impunidad.
Amparos exprés y su impacto económico
Entre 2020 y 2026, el abogado ha promovido más de 30 recursos legales contra dependencias como la Alcaldía Cuauhtémoc, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) ha señalado que estos "amparos exprés" buscan exigir pagos multimillonarios a los desarrolladores a cambio de que el litigante desista de sus acciones. Los recursos se presentan en serie y con argumentos similares, lo que ha sido documentado por los propios afectados.
El impacto económico es significativo. Trabajadores de la construcción han denunciado pérdida de empleos y actos de violencia derivados de estas tácticas. La paralización de proyectos no solo perjudica a las empresas, sino también a cientos de familias que dependen del sector, alertó la CANADEVI en un comunicado. La incertidumbre jurídica también ha inhibido nuevas inversiones inmobiliarias en las zonas bajo amenaza.
Red de influencias en el Poder Judicial
El poder operativo del abogado se sustenta en una red de influencias que ha permitido su impunidad. Medios locales han destacado el nexo con su hermano, José Alfonso Aparicio Velázquez, secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde esa posición, presuntamente se facilita respaldo procesal a la estructura delictiva, lo que explicaría la baja efectividad de las investigaciones.
La red también cuenta con la colaboración de José René Rivas Valladares, exfuncionario capitalino investigado por despojo. Su participación habría sido clave para coordinar acciones legales y operativas en distintas demarcaciones, según documentan las indagatorias y reportes periodísticos. La existencia de esta alianza ha sido denunciada ante la Fiscalía capitalina.
Anomalías en el manejo de fondos y reclamo ciudadano
Entre las irregularidades detectadas destaca la acusación contra la tía de Aparicio por el presunto desvío de 318,188 pesos destinados a la seguridad estructural de un edificio en la Roma Norte. El litigante se habría negado a devolver los fondos, justificándolos como un "convenio entre particulares", lo que ha generado indignación entre los afectados y organizaciones civiles.
Ciudadanos y comunidades de las zonas afectadas exigen la intervención urgente de la Fiscalía capitalina y del Poder Judicial para frenar el saqueo patrimonial. La reiterada impunidad ha alimentado la desconfianza en las instituciones, y los colectivos vecinales subrayan que la red opera con una protección que trasciende lo judicial.
La situación representa un reto mayúsculo para la seguridad jurídica en la Ciudad de México. Las autoridades están obligadas a responder con eficacia para recuperar la confianza de los ciudadanos, al tiempo que se revisan los procesos internos que han permitido el crecimiento de esta organización, concluyeron los denunciantes.
