Los legítimos propietarios del edificio ubicado en las calles de Antonio Caso número 104 y 108, en la colonia San Rafael, han presentado una exigencia formal ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La solicitud establece un plazo perentorio de 15 días para la devolución inmediata de la propiedad, la cual ha permanecido bajo control ilegal desde hace dos décadas. Esta petición se fundamenta en un compromiso oficial adquirido por la administración capitalina durante la semana pasada, el cual busca atender casos específicos de despojo debidamente acreditados.
Fondo legal y vencimiento de prórrogas
La situación jurídica de este inmueble tiene antecedentes que se remontan a más de dos años. Desde junio de 2025, un juzgado federal emitió una orden dirigida al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi), instruyéndole devolver el predio a sus dueños legítimos. Posteriormente, durante este año, un tribunal colegiado ratificó dicha sentencia, consolidando el derecho de propiedad sobre los titulares originales. No obstante, la entidad gubernamental recibió múltiples extensiones para cumplir con la orden, siendo la última de estas prórrogas la que expiró a finales de la semana pasada.
El incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales por parte del Invi ha generado la acción directa de los afectados. En una entrevista concedida al medio Excélsior, uno de los propietarios, quien solicitó mantener su identidad en reserva, declaró explícitamente a la titular del ejecutivo local: "nos devuelvan nuestra propiedad en el plazo de 15 días". Este requerimiento surge como consecuencia directa del agotamiento de los tiempos administrativos otorgados previamente.
Historial de intentos de expropiación ilegal
El predio en cuestión cuenta con una superficie destinada a 34 departamentos residenciales y nueve locales comerciales. La historia de este inmueble está marcada por intentos previos de apropiación indebida por parte de autoridades o grupos vinculados. El primer intento de expropiación se registró en 2013; sin embargo, fue cancelado judicialmente en 2014 cuando un juez determinó que la toma realizada por el Invi era ilegal al no contar con sustento legal válido.
Décadas después, en 2021, se abrió una segunda carpeta de investigación relacionada con presuntas irregularidades en la tenencia de la tierra. En esta ocasión, el proceso derivó en un desistimiento por parte de las autoridades involucradas, aunque la ocupación física del lugar persistió. La invasión violenta definitiva ocurrió hace 22 años, ejecutada por un grupo identificado con la Asamblea de Barrios, estableciendo una presencia que ha perdurado hasta la actualidad.
Operativos de seguridad y postura política
En el contexto más amplio de la lucha contra los despojos inmobiliarios en la capital, las autoridades de seguridad realizaron intervenciones recientes. Durante el día anterior a la publicación de estos hechos, elementos policiales detuvieron a ocho personas que intentaban tomar posesión ilegal de un predio situado en la colonia Magdalena de las Salinas, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Estos operativos forman parte de los esfuerzos institucionales para frenar la expansión de estas prácticas en distintas demarcaciones.
A pesar de las denuncias presentadas en las 16 alcaldías y las acusaciones de posible colusión entre funcionarios públicos y grupos invasores, existe una discrepancia en la interpretación de la gravedad del fenómeno. Paulo García, vocero de Morena en el Congreso capitalino, negó que exista un desatamiento generalizado del delito de despojo. Durante su participación en el programa radial "La Chilanguera", García argumentó que sería irresponsable afirmar que el crimen está fuera de control.
García señaló que la percepción pública podría estar distorsionada por la cobertura mediática reciente. Sostuvo que la narrativa actual sugiere un aumento incontrolable del delito, situación que él considera falsa. Adicionalmente, expresó su preocupación por el impacto social de estas narrativas, afirmando que al presentar el tema como exponencial, se genera miedo innecesario entre los adultos mayores y otros sectores de la población que consumen información. Su postura busca colocar el fenómeno en una "justa dimensión", minimizando la urgencia percibida frente a la opinión pública.
La resolución final dependerá del cumplimiento del plazo establecido por los propietarios y la respuesta efectiva del Invi ante la orden judicial firme. De no existir la restitución en los 15 días indicados, es probable que se inicien nuevas acciones legales para hacer valer la sentencia del tribunal colegiado y garantizar el retorno de los bienes a sus legítimos dueños, cerrando un ciclo de disputas legales que abarca más de dos décadas.
