El jueves 6 de agosto de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrentó una nueva prueba de tensión con su sector estudiantil tras el fracaso de la tercera convocatoria para una marcha en contra del examen de control presencial. A pesar de la intensa movilización de opinión en plataformas digitales y el marcado rechazo manifestado por los aspirantes aceptados hacia la repetición de la evaluación, no se registró la llegada de contingentes significativos ni concentraciones masivas en los puntos de encuentro establecidos.
Desacuerdo por la modalidad de la evaluación
Los jóvenes que fueron seleccionados mediante el proceso de admisión previo han mantenido una postura firme en contra de la decisión universitaria de aplicar una nueva instancia de evaluación. Su argumento central radica en que aquellos estudiantes que obtuvieron un lugar a través del examen en línea no deben perder la plaza conseguida. Consideran que las irregularidades o anomalías detectadas durante la modalidad virtual no constituyen responsabilidad directa de los candidatos, sino fallas inherentes al sistema administrado por la institución.
La convocatoria inicial buscaba reunir a los aspirantes por la mañana para desplegar acciones de protesta. Sin embargo, en la zona prevista para la concentración, no se observó presencia de manifestantes ni el flujo habitual de una marcha estudiantil organizada. Este escenario refleja una desconexión entre la agitación digital y la participación física en las calles.
Antecedentes de baja asistencia
Este intento de movilización se suma a dos llamados previos organizados por el mismo sector de aspirantes, los cuales también registraron una participación notablemente reducida. La secuencia de tres convocatorias fallidas sugiere dificultades logísticas o de organización interna dentro del grupo inconforme, a pesar de la cohesión aparente en sus demandas frente a la rectoría.
Las autoridades universitarias, lideradas por figuras como Ricardo Vitela, han defendido la medida del examen de control. La UNAM determinó implementar esta nueva evaluación presencial después de identificar comportamientos atípicos en los resultados del concurso de selección anterior. Según la posición oficial, la medida busca restituir la certeza y la transparencia en el proceso de ingreso, garantizando que los lugares otorgados correspondan a méritos válidos y verificables.
Impacto en el proceso de admisión
La situación actual deja a cientos de aspirantes en un estado de incertidumbre mientras se resuelve el conflicto administrativo. Para los estudiantes que ya tienen plaza asignada, la amenaza de tener que rendir nuevamente una prueba implica un costo económico y temporal significativo, además de la presión psicológica asociada a la posibilidad de perder su vacante.
Por otro lado, la universidad mantiene su línea dura ante la percepción de fraude o manipulación en los exámenes anteriores. La falta de respuesta masiva en las calles podría interpretarse por la administración como una validación técnica de su proceder, aunque el descontento sigue latente en los foros digitales y grupos de comunicación privada. El próximo paso dependerá de si los aspirantes logran articular una estrategia de presión más efectiva o si proceden a rendir el examen bajo las nuevas condiciones impuestas por la UNAM.
