Documentos oficiales obtenidos por esta redacción revelan que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) autorizó en apenas cinco días naturales la contratación directa de la empresa Territorium Life S.A.P.I. de C.V., la firma responsable de la plataforma de exámenes en línea que ahora se encuentra en el epicentro de la mayor crisis del proceso de ingreso a licenciatura.
El 2 de abril de 2025, la directora general de Administración Escolar (DGAE), Ivonne Ramírez Wence, presentó el oficio SG/DGAE/0371/2025 ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En el documento, la funcionaria solicitó autorización para eximir el servicio del procedimiento de licitación pública, argumentando la necesidad de contratar la plataforma para los procesos de ingreso del nuevo esquema de bachillerato derivado del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) y para el concurso de licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).
La petición incluía un contrato con un monto mínimo de 34 millones 491 mil 933 pesos y un máximo de 85 millones 767 mil 297 pesos, IVA incluido, para la aplicación de entre 130 mil 500 y 324 mil 500 evaluaciones. El costo unitario por aspirante se fijó en 227.85 pesos.
La autorización en tiempo récord
La respuesta no tardó. El 7 de abril de 2025, apenas cinco jornadas después —con un fin de semana de por medio—, el director general de Proveeduría y secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Isidro Ávila Martínez, notificó mediante el oficio DGPR/357/2025 que la solicitud había sido declarada procedente.
La decisión se sustentó en la fracción VIII del punto 4.6 de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, concepto que abre la puerta a excepciones cuando se trata de servicios especializados vinculados con información confidencial. La rapidez del trámite contrasta con la complejidad del servicio contratado, cuyo desempeño hoy es objeto de investigación.
Las capacidades técnicas que se argumentaron
En el expediente de solicitud, la DGAE no solo requirió la contratación, sino que detalló por escrito las capacidades que, a su juicio, ofrecía Territorium Life. La directora general sostuvo que la empresa era propietaria de una plataforma protegida por derechos de autor y propiedad intelectual, capaz de detectar patrones anómalos y prevenir fraudes para garantizar la transparencia del proceso.
Como respaldo, se citó la experiencia previa del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que utiliza el sistema en sus exámenes de ingreso desde 2020. La DGAE agregó que la “madurez probada” de la herramienta se sustentaba también en casos de uso de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), además de dependencias gubernamentales de Costa Rica y Estados Unidos.
Entre las supuestas ventajas descritas en la documentación figuraban una gestión avanzada de bancos de reactivos, una cadena de custodia para salvaguardar la integridad de los exámenes, monitoreo en tiempo real, tableros de control para dar seguimiento a incidencias y reportes especializados sobre el desempeño de la aplicación.
De la contratación a la crisis
El contrato fue autorizado para los procesos de ingreso de 2025, y posteriormente la UNAM extendió su uso al concurso de licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, en el que se desató la emergencia. Tras la publicación de resultados, especialistas identificaron un comportamiento atípico en la distribución de las calificaciones, con un aumento sin precedentes en el número de aspirantes con puntajes superiores a los históricos.
La Rectoría suspendió la asignación definitiva de lugares para cerca de 58 mil aspirantes y ordenó la aplicación de un examen presencial de control mientras la Comisión Técnica designada no concluya las investigaciones. Hasta el momento, la Comisión ha reconocido que no cuenta con elementos concluyentes para precisar el origen de las irregularidades.
Las preguntas que deja el expediente
Los documentos con los que la DGAE justificó la adjudicación directa adquieren ahora una relevancia distinta. El expediente demuestra que la contratación se apoyó, entre otros argumentos, en las capacidades que la propia administración escolar atribuyó a la plataforma de Territorium. A la luz de las fallas que obligaron a repetir parcialmente el concurso, el trámite abre nuevas interrogantes sobre el desempeño real de esas herramientas, la supervisión durante su operación y los criterios técnicos que permitieron resolver en cinco días un servicio por hasta 85.7 millones de pesos.
La comunidad universitaria y la opinión pública esperan que la investigación aclare si las anomalías fueron producto de un mal funcionamiento de la plataforma, de manipulación externa o de deficiencias en la configuración del sistema. Mientras tanto, la adjudicación exprés y el contrato millonario seguirán bajo la lupa.
