Uno de los problemas estructurales en México es la excesiva cantidad de trámites en los tres órdenes de gobierno. La crítica principal señala que la regulación mexicana facilita la corrupción y tiene fines recaudatorios, en lugar de promover una regulación eficiente y un desarrollo ordenado.
Burocracia fragmentada y sus costos
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi, la población mayor de 18 años realizó 395,202,000 trámites de alta frecuencia. Con 49.6 millones de personas realizando trámites, el promedio es de ocho por persona al año. Cada trámite toma en promedio 38 minutos, sumando más de 250 millones de horas-persona. Valorando ese tiempo con el salario mínimo general (38.4 pesos por hora), el costo asciende a aproximadamente 9,600 millones de pesos anuales. Esta cifra no incluye los 12 millones de trámites ante autoridades de tránsito y policía, ni los tiempos de traslado.
Trámites menos frecuentes pero más largos
En 2025 se realizaron 55.2 millones de trámites de baja frecuencia, con una duración promedio de dos horas con 18 minutos. Su costo en tiempo equivale a unos 5,000 millones de pesos. Sumados, los trámites frecuentes y los esporádicos representan un costo total de aproximadamente 14.6 mil millones de pesos, sin incluir las tarifas de los trámites. Muchos de estos trámites son considerados inútiles, lo que incrementa el desperdicio anual de recursos.
Entidades con peores indicadores
De acuerdo con el Inegi, los estados donde los trámites frecuentes toman más tiempo son: Chiapas (1 hora 29 minutos), Estado de México (1 hora 5 minutos), Jalisco y Morelos (52 minutos cada uno), y Nayarit y Zacatecas (51 minutos). En contraste, los estados con menor tiempo son: Guanajuato (25 minutos), Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo (23 minutos cada uno), y Sinaloa (19 minutos).
En trámites de baja frecuencia, los peores tiempos se registran en Chihuahua (6 horas 4 minutos), Oaxaca (5 horas 39 minutos), Durango (5 horas 9 minutos), Hidalgo (3 horas 10 minutos) y Puebla (3 horas 6 minutos).
La carga regulatoria en México no solo implica costos económicos, sino también incertidumbre, desincentivos para la inversión, pérdida de productividad y una percepción de ineficacia gubernamental, factores que debilitan la confianza social en las instituciones y limitan el potencial de desarrollo del país.
