El síndico de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín, denunció públicamente que en ese municipio "prácticamente están gobernando madre e hijo", señalando directamente a la alcaldesa Flor de María Sosa Zamudio y a su hijo, el exalcalde Fabián Cárdenas Sosa, quien no ocupa ningún cargo público.
Durante una conferencia de prensa, Cruz Delfín afirmó que enfrenta violencia institucional, presiones y amenazas desde hace meses para firmar contratos y convenios sin sustento legal. Entre los documentos señalados destaca un contrato por 1 millón 300 mil pesos para supuesta capacitación policial, el cual, según el síndico, es ofrecido gratuitamente por el C5/C6, por lo que calificó el documento como "un cheque en blanco".
Represalias por negarse a firmar
El síndico aseguró que, al negarse a firmar dichos documentos, su salario fue reducido de manera arbitraria, sin aprobación del Cabildo, lo que consideró una represalia directa. Además, denunció que el hijo de la alcaldesa, sin cargo público, "sigue gobernando" y operando decisiones dentro del ayuntamiento.
Cruz Delfín también señaló que por la injerencia del hijo de la munícipe se han registrado confrontaciones que han derivado en llamados de atención por parte del Congreso local.
Llamado a autoridades estatales y federales
"Tengo miedo por mi vida y la de mi familia", dijo el síndico al responsabilizar a ambos funcionarios de cualquier agresión en su contra. Hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle, al secretario de Gobierno Ricardo Agüed, a la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez, al ORFIS, a la ASF y a la Mesa Directiva del Congreso local para que intervengan y frenen lo que calificó como un abuso de poder.
La denuncia fue respaldada por los diputados del PT Adrián González Naveda y Elizabeth Morales, quienes acusaron que la dirigencia estatal de Morena mantiene una política de presión y división hacia alcaldes y funcionarios del PT.
Acompañamiento institucional del PT
El comisionado político del PT, Ramón Díaz Ávila, anunció que dará acompañamiento institucional al síndico y seguimiento a la denuncia presentada ante las autoridades competentes. El caso ha encendido alertas en el Partido del Trabajo, que exigirá a las instancias correspondientes investigar los hechos y garantizar la seguridad del síndico y su familia.
