Hace cien años, el presidente Plutarco Elías Calles promulgó una legislación diseñada para erradicar por completo la presencia de la Iglesia católica en la vida pública y privada de los mexicanos. Esta medida buscaba cortar de raíz la existencia religiosa en el país, prohibiendo su práctica y propagación. Renovando el espíritu anticlerical del siglo XIX, se impusieron al pueblo una serie extensa de reglamentaciones y restricciones al culto eclesiástico y a toda actividad del clero.
El estallido social y el levantamiento armado
La reacción inmediata ante estas medidas fue el cierre de los templos por parte de la Iglesia, lo cual detonó una fuerte respuesta popular contra el gobierno federal. En diversas regiones del territorio nacional, especialmente en el Bajío, comunidades enteras se levantaron en armas para oponerse a lo que consideraban una ley arbitraria. Bajo el lema "¡Viva Cristo Rey!", se organizó un ejército rebelde y se contrató a Enrique Gorostieta Velarde con el grado de general para dirigir las fuerzas insurgentes.
Este conflicto, conocido como la Guerra Cristera, se extendió durante tres años hasta 1930. El saldo humano fue devastador: murieron más de 200 mil personas entre combatientes y civiles. Durante este periodo, iglesias y conventos fueron saqueados, incendiados o cerrados forzadamente. Sacerdotes, monjas y laicos enfrentaron encarcelamiento o fusilamiento sin juicio previo, en algunos casos bajo instrucciones directas del propio Calles. Un caso emblemático de esta represión fue el fusilamiento del padre Miguel Agustín Pro.
Contexto político y estrategias de control religioso
La persecución no ocurrió en el vacío, sino en un contexto marcado por gobiernos locales con tendencias socialistas, como los de Garrido Canabal en Tabasco y Carrillo Puerto en Yucatán. Calles dedicó gran parte de su sexenio a esta campaña anticlerical. En 1925, fundó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana con el objetivo explícito de romper los lazos de obediencia con el Vaticano y establecer una institución nacionalista alineada con el gobierno revolucionario. Para liderar esta entidad, encargó el cargo de patriarca al sacerdote Pérez, quien había sido previamente desacreditado.
Existe una notable contradicción histórica en la figura de Calles: mientras es reconocido como el constructor de las instituciones de la Revolución de 1910 y fundador del Banco de México, su actitud hacia la religión católica derivó en una etapa oscura de la historia nacional. A diferencia de los desmanes de la Revolución de 1910, que cuentan con explicaciones históricas y anecdotarios específicos, el ataque frontal contra una institución arraigada en la tradición mexicana carece de justificación racional similar. Los gobiernos posteriores del PRI han manejado discreta y silenciosamente estos episodios.
Legado moral y crítica a la laicidad estatal
El anticlericalismo ejercido por Calles fue una réplica del liberalismo extremo plasmado en la ley Lerdo de junio de 1856. Su obsesión por debilitar la institución más vinculada al pueblo se ejecutó con todo el poder de jefe máximo. La Cristiada, entendida como defensa de la religión y la Iglesia, afectó profundamente la vida cotidiana de todos los mexicanos, influyendo no solo durante la guerra fratricida, sino alterando permanentemente la perspectiva nacional.
El artículo analiza que el pueblo mexicano no recibe orientación gubernamental sobre la conducta social ni principios morales de la burocracia o los altos políticos. Se señala que el buen ejemplo institucional es inexistente, relegando la moralidad únicamente al ámbito doméstico. El ciudadano ha sido acostumbrado a depender de sus propias fuerzas e inclinaciones naturales, en lo que se denomina "austeridad republicana". Sin embargo, el Estado concienzudamente laico ofrece un humanismo centralizado en el poder, carente de linderos morales claros que sirvan de referencia al ciudadano.
Finalmente, se argumenta que el México oficial no inspira los anhelos de honestidad, un concepto considerado remoto y manoseado presente solo en discursos populistas. Ante la observación de políticos que, salvo pocas excepciones, han dedicado sus cargos públicos al robo, es lógico que la ciudadanía tome nota de esos malos ejemplos. La Cristiada dejó una profunda cicatriz al demostrar que la población no puede confiar en el gobierno, capaz de confrontarlo en cualquier momento con las fuerzas del orden público bajo cualquier pretexto.
